Los datos son conocidos, pero no nos cansaremos de repetirlos. En la Argentina, el 40% de los embarazos termina en aborto. Cada año, medio millón de mujeres interrumpe un embarazo clandestinamente. El costo de esa decisión desesperada es altísimo. El aborto ilegal es la primera causa de internación hospitalaria femenina. Condena a miles a la mutilación. Mata a unas 500 mujeres cada año. Las estadísticas oficiales registran muertes de niñas y adolescentes por aborto clandestino por el rotundo aumento del embarazo en esta franja. Un bebé de cada seis nace de una adolescente. Cada año hay 3.000 niñas madres (entre 10 y 14 años), lo que delata la magnitud de la violación infantil. El ministro González García -que se ufanó de que su gobierno garantizaba la anticoncepción al 80% de las mujeres– tuvo que confirmar nuestras denuncias: “tanto la mortalidad materna en general como la que se debe al aborto crecieron levemente entre 2000 y 2005” (La Nación, 12/10). El kirchnerismo y los gobiernos provinciales, subordinados a los dictados de la Iglesia, son responsables de esta catástrofe.

Abortan en la clandestinidad mujeres de todas las clases sociales. El Estado viola sus derechos humanos, impidiéndoles decidir si quieren ser madres y cuándo quieren ser madres. Pero las que arriesgan la vida son aquellas a las que no se les reconoce el “derecho a decidir” en ningún orden de la vida. Las niñas, jóvenes y adultas de los sectores populares, privadas de educación sexual, privadas del acceso a la anticoncepción gratuita, y obligadas a abortar en la ilegalidad pero también fuera de toda atención médica. Son víctimas de una sociedad que castiga sin piedad la misma maternidad que exige. Abortan las jóvenes porque un hijo les impide seguir estudiando y vuelve más difícil conseguir empleo. Las flexibilizadas que trabajan jornadas interminables. Las trabajadoras precarizadas, para que no las despidan. Las desocupadas que no quieren más hijos sin alimento ni abrigo ni vivienda. Este dramático cuadro convierte la legalización del aborto en un imperativo de vida o muerte, en una cuestión urgente de salud pública.

Pero para los “defensores de la vida”, la vida de las mujeres no vale nada. Todos los candidatos patronales se definieron en contra del aborto legal y anunciaron que mantendrían esta situación, las candidatas mujeres a la cabeza. El renovado compromiso antiabortista de Cristina K es exhibido como prenda de reconciliación del kirchnerismo con la Iglesia. Los pactos con la Curia pisotean la voluntad popular: en todas las encuestas la mayoría de la población aprueba la legalización del aborto.

La Iglesia se opone al aborto legal en nombre de “la defensa de la vida”. Lo que promueve, en realidad, es el aborto ilegal y, en consecuencia, la muerte materna. Protege de este modo sus ganancias por el tráfico de bebés para adopción ilegal (como el obispo Baseotto en Añatuya). Y los millonarios subsidios estatales para los hogares como el Portal de Belén o la fundación de Grassi, donde “cuidan” chicos arrebatados a sus familias, con los que vuelven a lucrar cuando los dan en adopción. Esto explica por qué se mantiene la penalización del aborto, sabiendo que es una farsa. ¡Las cárceles deberían estar llenas de mujeres! Y cualquier gobierno que pretendiera encarcelar medio millón de mujeres, sería en el acto derrocado por la furia popular. La ilegalidad es útil para reforzar el dominio ideológico del clero, que pregona que eludir la maternidad y la esclavitud doméstica es un pecado y un delito.

Contra lo que muchos esperaron, el primer gobierno kirchnerista no avanzó un paso en la ampliación del derecho al aborto. Por el contrario, entregó más acabadamente el control de la Justicia y de las direcciones hospitalarias a agentes de la Iglesia, que bloquean impunemente los abortos autorizados por el Código Penal. Aunque esto implique la muerte de la madre y la orfandad de sus otros hijos, como sucedió con Ana María Acevedo. ¿Quiénes son los asesinos?

En el Encuentro Nacional de Córdoba, miles de mujeres discutimos que las ilusiones en el gobierno y los sectores patronales han sido un freno para obtener este derecho, sin dudas el más sentido por el movimiento de mujeres. Decidimos un plan de lucha nacional para arrancar el aborto legal, seguro y gratuito en todos los niveles del sistema de salud. Un logro que debe ir acompañado de una educación sexual laica y científica y del acceso universal y gratuito a la anticoncepción.

El aborto legal no es exclusivamente una “cuestión de mujeres” ni de las organizaciones de mujeres. Se precisan miles en las calles dispuestos a enfrentar al gobierno y a la Iglesia. Llamamos a las organizaciones obreras y populares combativas, a los sindicatos antiburocráticos, a los centros de estudiantes, a pronunciarse y a tomar como propia esta causa.

Plan de Lucha Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito

25 de noviembre: Día Contra la Violencia hacia la Mujer

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos

23 de febrero: A 5 años de su detención, por la libertad inmediata a Romina Tejerina

1 de marzo: Comienzo de las sesiones legislativas

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora