13/08/2021

Plan Qunita II: un kit mínimo para madres sumidas en la indigencia

El Frente de Todos anunció el relanzamiento del programa en la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof relanzó el Plan Qunita para la provincia de Buenos Aires. Lo hizo en un acto en el municipio de Lomas de Zamora, junto a Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollán y Cristina Kirchner, entre otros integrantes del Frente de Todos. El programa provee a las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo un kit de elementos para el bebé recién nacido, en función de reducir la mortalidad infantil por «colecho». Sin embargo, la medida tiene un alcance limitado y lejos está de brindar los recursos necesarios para garantizar una maternidad deseable.

Se trata de la segunda edición del plan en cuestión. La primera fue impulsada en 2015 bajo la gestión presidencial de CFK; luego, durante el gobierno de Macri se suspendió tras las denuncias por supuesta malversación de fondos. Recientemente, los acusados fueron sobreseídos por la Justicia, la cual alegó «ausencia de delito». Según los anuncios oficiales, el Plan Quinita II tiene el objetivo de llegar a un universo de más de 75 mil mujeres y personas gestantes del territorio bonaerense.

Solo pueden inscribirse al plan aquellas mujeres que se encuentran desocupadas, las trabajadoras informales con ingresos que no superen el salario mínimo, las trabajadoras de casas particulares (pueden estar registradas), las mujeres que cuentan con un Monotributo Social y las perceptoras del Hacemos Futuro, Manos a la Obra y Programas del Ministerio de Trabajo. De este modo, quedan afuera las mujeres que trabajan en blanco sin importar su ingreso, como también todas aquellas que no tengan residencia legal en la provincia de Buenos Aires.

Si tenemos en cuenta que el ingreso medio de las trabajadoras ocupadas es de $27.000, es evidente que un gran número de las que poseen un empleo registrado tampoco percibe salarios superiores al índice de pobreza. Podemos citar el ejemplo del rubro enseñanza, con alto grado de registración laboral, donde la tasa de feminización llega al 74,6% y la media salarial se encuentra en $35.000 (cuando la canasta básica está en $67 mil). Sin embargo, no existe ningún tipo de asistencia estatal para que las trabajadoras en blanco puedan costear los gastos que implica el nacimiento y los primeros meses de vida de un hijo.

El kit incluido en el Plan Qunita consiste en: “una cuna armable hecha de cartón; indumentaria para el bebé y la madre; elementos de cuidado e higiene; juguetes; kit de viaje, entre otros objetos; porta bebé; bolso materno; neceser y bolso cambiador con artículos de higiene para la mujer y persona gestante y el recién nacido; termómetro digital; algodón; crema de caléndula; crema hidratante; protectores mamarios; preservativos; bata; camisón; pantuflas; chupete; babero; mordillo; sonajero; libro de cuentos infantiles; guía de cuidados” (BAE, 13/8).

Como vemos, deja por fuera aquellos artículos que representan un mayor gasto para los hogares con un bebé recién nacido, como el cochecito, mamaderas y la compra de leche maternizada y pañales. Por lo tanto, es impensable que la entrega de una cuna y parte del ajuar por parte del Estado pueda alivianar significativamente la carga económica de la crianza para una población con ingresos de indigencia. En ese sentido, el plan consiste en un intento por parte del gobierno de maquillar su propia responsabilidad en empobrecer a las familias y a las mujeres en particular, vulnerando así el derecho a la maternidad.

El gobierno, a su vez, da vía libre al aumento de precios de aquellos productos indispensables en los primeros años de vida de un niño. Por ejemplo, el gasto mensual en pañales, en caso de usar 6 por día, no baja de los $4.500. Por su parte, la compra de 3 cajas por día de 200 ml. de leche maternizada implica gastar al menos $5.370 por mes. Esto, sin mencionar que un cochecito cuesta entre $12.000 y $60.000 (Infobae, 29/5). Un costo muy difícil de afrontar para aquellas mujeres que solo cuentan con una asignación universal o un programa social de menos de $14.000.

De más está decir que el «aumento» estipulado para septiembre en la AUH y la AUE, que lleva estas prestaciones al mísero monto de $3.540 de ninguna manera revierte esta realidad. En ese sentido, reviste un enorme cinismo la afirmación oficial de que el Plan Qunita asegura “un comienzo de vida equitativo”. Por el contrario, lo que impera en la situación nacional es una profunda desigualdad, en la que 22,7 millones de personas se encuentran en la pobreza según un informe del Consejo de coordinación de Políticas Sociales, lo que equivale al 49,6% de la población. A su turno, un estudio realizado por la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía refleja que la pobreza asciende al 59% en el caso de los hogares monomarentales. El gobierno, por su parte, no hace más que acentuar esta catástrofe social, provocando severas consecuencias en las infancias que dice defender.

No debemos pasar por alto que el programa es financiado con fondos de la Anses. Como de costumbre, el gobierno echa mano de la plata de los jubilados para solventar la asistencia social mientras destruye los haberes previsionales. Para el oficialismo, tocar los intereses de los capitalistas no es una opción, y, por lo tanto, opta por redistribuir la miseria.

Kicillof se enorgulleció al señalar que “otra novedad es que estas cunitas se fabrican y se producen en instalaciones del Servicio Penitenciario bonaerense, en 10 talleres de carpintería y 10 talleres textiles, en un trabajo interministerial entre Justicia y Producción, Ciencia y Tecnología y que vincula el programa” (Télam, 13/5). Una confesión de cómo el Estado es el primero en valerse de mano de obra precarizada y sin derechos laborales para llevar adelante sus iniciativas.

Es necesario dar lugar a una política integral que proteja la maternidad y las infancias. Para eso, es indispensable poner fin a la orientación de ajuste fondomonetarista a la que tributan tanto el oficialismo como la oposición patronal y volcar los recursos del país al servicio de mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

 

           

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