El gobierno nacional, en cumplimiento de la Ley de erradicación de la violencia de género, presentó su Plan 2020-2022.

 

Es el segundo plan presentado en el marco de la ley de 2009, el primero fue presentado en 2016 por Macri, Carolina Stanley y Fabiana Túñez. El anterior “plan”, que el actual ministerio trae a colación en su Plan 2020-2022, había sido presentado por la titular del entonces Consejo Nacional de las Mujeres del gobierno de CFK, luego de que estallara el “Ni Una Menos” en 2015, con el objetivo de disimular que no habían tomado una sola medida para atacar un flagelo tan importante, que hizo explotar de indignación a la población. Seis años después de la promulgación de la Ley 26.485, cuando se produjo el estallido popular por los femicidios, Cristina Fernández no había reglamentado la Ley y el Consejo Nacional de las Mujeres dirigido por una funcionaria de La Cámpora, no había dado cumplimiento a la presentación del plan de erradicación de la violencia.

 

 

Ninguno de los expositores/as se sintió interpelado para referir en particular a la situación de las mujeres bajo la pandemia. Por el contrario, la ministra afirmó, tal como figura en el informe, que su plan es cambiar el paradigma de la atención de la emergencia. La afirmación representa una operación política y una mentira: ya que en el pasado es falso que el Estado se haya encargado de atender la “emergencia”. De lo reclamado por la movilización del 2015 y las subsiguientes, casi no se dio respuesta a ninguna de las demandas aún, empezando por el hecho de que no se destinaron presupuestos y los destinados se subejecutaron. El anuncio de conjunto se inscribe en la continuidad del macrismo, al que no casualmente la nueva ministra se privó de criticar, en particular la orientación que primó de tercerizar la asistencia otorgando subsidios a ONGs amigas, sencillamente porque este gobierno también quiere reservarse el preciado recurso de la cooptación.

 

El presidente de la Nación improvisó un discurso en el que no dijo una palabra sobre el aborto legal, el tema tampoco fue introducido por la Ministra ni por la Directora contra la Violencia de Género, ni por la presidenta del consejo de asesores del Ministerio, Dora Barrancos, que fueron quienes intervinieron. Tampoco hubo referencia a la educación sexual ni a la separación de la iglesia del Estado, desde ya. La integración de las diversidades (”personas lgtbi+ en situación de riesgo”) que tanto destacan voceros del oficialismo no pasa de ser cartón pintado mientras se sigue amparando y reforzando a la principal institución de la prédica oscurantista contra sus derechos y de reproducción y fomento del odio contra su comunidad, y contra cualquier noción de libertad para las mujeres. Y por supuesto que bajo el verso del cambio de paradigma, no se asume ninguna medida concreta para atacar la emergencia de la realidad de violencia contra mujeres y niños que se vive bajo la cuarentena. No va a haber empleo formal, ni contratación de especialistas con estabilidad laboral. El paradigma estatal sobre la mujer permanece intacto.

 

El Presidente fue muy concreto para referirse a la intención de dar, como única respuesta a la necesidad de alivianar la carga de cuidados que tienen las mujeres, un ingreso asistencial como remuneración para seguir bajo el agobio de tareas de cuidado que debieran alivianarse por la vía de la obra pública, la creación de centros deportivos, artísticos, de hogares adecuados, de jardines para los niños desde los 45 días en barrios y lugares de trabajo con atención de profesionales; nada de esto aparece en el tan promocionado “Plan”. En aras de construir un relato, refirió a que en el gobierno habría un 38% de mujeres ocupando cargos jerárquicos. Pero ocultó que esa jerarquía no incluye a los ministerios ya que no encontró más que a tres mujeres sobre 21 puestos, para alcanzar la máxima jerarquía. Claro que la presencia femenina no garantiza abordaje de género en absoluto, el punto es que él quiere vender que sí.

 

Para sintetizar lo anunciado sirve reproducir lo que el diario oficialista refiere sobre las medidas a adoptar:

 

● Prevé la creación de centros de abordaje integral de las violencias por razones de género en las provincias.

 

● Un programa de apoyo económico urgente y de asistencia integral inmediata para familiares en casos de femicidios, travesticidios y trasfemicidios.

 

● Propone un conjunto de acciones de prevención fundadas en un sistema de alertas tempranas que apunta a actuar a tiempo en las situaciones de violencia.

 

● A su vez, acciones a mediano y largo plazo para modificar los patrones culturales y estructurales que sostienen las desigualdades basadas en el género, entre ellas, campañas en los medios de comunicación sobre construcción de otras masculinidades y vínculos sexo afectivos responsables y diversos.

 

● Moderniza la Línea 144.

 

● Se promoverá que no solo se reciban denuncias en oficinas judiciales sino también en otras agencias del Estado.

 

(Página/12)

 

La generalización de ingresos asistenciales se impone como “salida” de la crisis

 

La pandemia aceleró los tiempos de un plan de gobiernos y patronales para extender entre la mitad de la población, pobre, sin trabajos registrados y con jubilaciones de hambre, ingresos estandarizados y asistenciales. Luego de ver las cifras de las ganancias de los bancos en estos meses, queda claro que en la crisis, agudizada por las medidas adoptadas, hay algunos que ganan, y mucho.

 

 

El plan en cuestión fue presentado bajo la forma de un pretendido “cambio de paradigma”. Sin embargo ninguna de las medidas adoptadas apunta a cambiar el paradigma de la precarización y el abuso de la vulnerabilidad de las mujeres de la clase trabajadora. Para la Ministra el cambio de paradigma recae sobre el hecho de que buscan una atención integral, que incluye modificar las cuestiones de la cultura machista con propaganda oficial y cursos sobre las llamadas “masculinidades”. Estamos en presencia de un gobierno que profundiza las condiciones de vulnerabilidad de la población, condenando particularmente a las mujeres, un gobierno que mantiene una profunda discriminación jurídica contra ellas, un gobierno aliado de los “antiderechos” de Aciera (que no casualmente se mantienen en un particular silencio público) y de la Iglesia católica, que impartirá instrucciones de cómo los individuos deben actuar a pesar de que hayan sido educados por el Estado que usa el SAP (Síndrome de Alienación Parental) contra las mujeres y los niños abusados, por la Iglesia Católica, cuya primacía en el ámbito educativo es total, y por Estado y patronales que le muestran a la población cotidianamente que la mujer vale menos y por eso es la más precarizada y doblemente explotada. Pero en el discurso oficial se responsabiliza a los individuos y “al género”, como afirmó Alberto Fernández.

 

Señalan que se afectarán en dos años 18 mil millones de pesos, una cifra verdaderamente ínfima para atender un universo amplio de situaciones de vida y materiales, responsabilidad del mismo Estado que luego, obviamente, regatea la asistencia. Como el Ministerio subejecuta el presupuesto actual, las promesas sobre destinos presupuestarios deben ser tomadas con pinzas porque el jefe de gabinete tiene la potestad de modificarlas a gusto. “El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ejecutó menos del 27% de su presupuesto, y la mayoría fue para pagar remuneraciones y ‘gastos menores’” (La Vaca, 24/6).

 

En declaraciones radiales la Ministra anuncia subsidios durante seis meses para mujeres que sufren violencia, anunció que llega luego de que a muchas de ellas que forman para de las 5 millones de personas a las que solo se asistió en casi 4 meses con dos cuotas IFE de 10 mil pesos, se les recortara ese recurso. No sabemos de cuánto serán estos subsidios y cuáles serán los criterios para considerar el otorgamiento de los mismos. Lo que si sabemos es que se hace un anuncio a días de operar un recorte a esa misma población. En la ecuación matemática contable del gobierno, la asistencia a los más vulnerables se recorta en vez de incrementarse.

 

 

Merece atención el final de la intervención de la Ministra. En ella afirma que no es un plan que ataca la violencia contra las mujeres sino que ataca las “violencias de género”. Una pena que nos hayan privado de conocer la definición de ambas conceptualizaciones por parte de las y los funcionarios. Lo cierto es que bajo ese “nuevo paradigma” se sigue sosteniendo el viejo discurso de que el único responsable de la violencia contra las mujeres es el hombre, tal como lo definió el propio Presidente. Otro gran ausente fue la comunidad trans travesti, sobre la que ni siquiera se manifestó un compromiso de cumplir con el cupo de la Ley Diana Sacayán en la provincia de Buenos Aires, al que ahora en el Congreso quieren modificar por una política de incentivos patronales si contratan a integrantes de la comunidad. Mientras siguen sin poner fecha de tratamiento a una ley nacional de cupo laboral para esta comunidad. El gobierno respeta a las patronales, no a la comunidad que tiene una expectativa de vida de 35 años. El Estado defiende el negocio prostibular, por eso el Ministerio no manifiesta su voluntad de colaborar para que esta comunidad no tenga como único y terrible destino, la prostitución.

 

El detalle sobre el plan en cuestión abrirá nuevos análisis críticos, sin embargo una mirada general sobre los anuncios puede acercarnos la dimensión del chamuyo del Presidente cuando afirmó que le tocaba gestionar “el fin del patriarcado”.

 

La arremetida gubernamental con la silenciosa anuencia macrista, para atacar a los y las trabajadoras a través de medidas que contemplan la reducción de ingresos de jubilaciones y pensiones, en un universo en el que la gran mayoría son mujeres, la condena a que las empleadas domésticas cobren un salario mínimo, el aguinaldo en cuotas, el teletrabajo sin derechos, el recule frente a las licencias por cuidados a pedido de la Unión Industrial Argentina, el hambre sin asistencia, el recorte de los IFE, son ajustes a la población que se implementan reforzando a las grandes patronales y a las iglesias. Ningún patriarcado será derrotado con charlas de compromiso de funcionarios sobre lo mal que está la violencia de género y este plan precarizador.

 

El anuncio en cuestión se inscribe entre las tantas mentiras y maniobras de las que es objeto nuestro movimiento para evitar que la furia de la ola verde facture a este gobierno sus responsabilidades ante los femicidios, el aborto clandestino, la falta de vivienda, la educación sexual clerical, la precarización laboral, la discriminación jurídica y demás políticas cotidianas que sufren las mujeres y los diversos géneros.