Luego de conocida la noticia de la aparición del cuerpo sin vida de Rosana Artigas, en las aguas del río Limay dentro de un tambor de 200 litros, las vecinas y vecinos nos empezamos a concentrar frente a la comisaría de Plottier. 1.500 personas nos movilizamos por el centro de la localidad neuquina al grito de “se sabía, se sabía que a los femicidas los cuida la policía… y la Fiscalía”.

Luego de recorrer las calles, y de pasar frente al municipio, se regresó a la concentración frente a la comisaría donde se siguió señalando lo que vox pópuli se considera una desidia y hasta complicidad en el actuar policial.

El lugar de concentración fue una forma de marcar que durante la “búsqueda”, la fuerza policial no brindaba información a la familia con el argumento de “no entorpecer la investigación”. Incluso las autoridades policiales le dijeron a la madre que sus preguntas y desesperación ponía en riesgo la misma. Así una familia destrozada estuvo ocho días golpeando puertas de distintos organismos estatales sin respuestas, entre ellas la de Fiscalía.

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El transcurso de varios días con idas y vueltas sin resultados motivó que los sindicatos municipales (donde trabajaba Rosana y su expareja, principal sospechoso) convocaron a un paro al que luego adhirió la seccional Plottier de Aten.

Era muy evidente que el sospechoso, el cual no fue demorado desde un principio (aunque había testimonios que fue la última persona que estuvo con ella), recibía un trato oficial de simple testigo a pesar de sus abundantes antecedentes de violencia hacia las mujeres, denunciado también por la propia Rosana desde hace meses. Lo único que se aplicó fue una restricción que nunca fue renovada, por lo que no tenía restricciones de acercamiento, por eso el día de la desaparición pasó a buscarla con su auto por la casa de la víctima para llevarla a su domicilio.

A pesar de todo ello, y de tratarse también de un empleado municipal, ningún organismo oficial municipal tomó alguna mínima medida al respecto. El sospechoso, que llegó a ser director de Espacios Verdes del municipio, aunque gozaba de una larga licencia por una dolencia en los meniscos, seguía jugando al fútbol.

Solo fue demorado cuando se comprobó que al relatar lo que había hecho el día de la desaparición de su ex pareja, había mentido. Los medios relatan que en su declaraciones ante la Justicia, el demorado mostró una personalidad “psicopática” y hablo de Rosana siempre como “un objeto” sin mostrar la menor “empatía”. Casi el perfil cantado de un misógino.

“Hay que echar a la chetas de los ministerios”

En lo que va del año son diez femicidios que registra la provincia. Casi todos ellos ejecutados por sus parejas o ex parejas. Una seguidilla que desnuda la hipocresía oficial de los presupuestos con perspectiva de género, que efectivamente (como dijo nuestra compañera Patricia Jure), el ministerio de mujeres está lleno de “chetas” que poco les importa proteger la vulnerabilidad de la mujer.

A pesar que Rosana estuvo desaparecida ocho días y que la provincia registra uno de los índices más altos de femicidíos en relación a la cantidad de habitantes, la ministra del área, María Ferraresso, no emitió una palabra.

Desde el año 2018 que se anunció varias veces en pomposas reuniones que Plottier tendría una Casa Refugio “construido por el municipio con aportes de Nación y será gestionado por el gobierno provincial”. La propia ministra Ferraresso, junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció el año pasado en conferencia de prensa, que “estamos ejecutando” una Casa Refugio para mujeres en Plottier. No se conoce que se haya pegado un ladrillo.

Desde hace años que la Resolución 1057 votada por unanimidad en la Legislatura (por iniciativa de Patricia Jure, cuando fue diputada) para la construcción de casas refugio en toda la provincia, espera la reglamentación del Poder Ejecutivo.

La ministra no debería esperar el próximo 10 de diciembre para irse del cargo, debería renunciar desde ahora mismo. Su fracaso es lapidario.

A nivel municipal, la propia intendenta interpelada en una de las movilizaciones, dijo que su gabinete desconocía que existieran denuncias de violencia de género contra su empleado.
Pero hay registros que Rosana estuvo en el Juzgado de Paz y en la propia comisaría haciendo esas denuncias. Ambos organismos están obligados a comunicar al empleador del denunciado que se han realizado denuncias en su contra, teniendo en cuenta que la denuncia provenía de otra empleada municipal que compartía lugar de trabajo con el denunciado.

Si oficialmente no se comunicó, ya es un acto de complicidad con el denunciado. Pero tampoco extraoficialmente (según la versión de la intendenta), dos organismos que se ubican a pocas cuadras del municipio siquiera informaron lo que las empleadas y empleados municipales conocían de sobra: el carácter violento contra las mujeres del sospechoso y su maltrato a Rosana.

El Estado burgués jamás va a “empoderar” a las mujeres por más declaraciones que haga. Eso será tarea del movimiento al estilo “ola verde”, que debemos poner en marcha nuevamente.

Solo en nuestras manos daremos pasos concretos para frenar la ola de femicidios.

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