El femicidio de Lucía Perez puso de manifiesto un entramado mafioso, donde salta a la luz la responsabilidad del Estado en su encubrimiento. Tocó todas las fibras del poder: la policía que libera zonas para el narcotráfico, el poder político que interviene para proteger a los hijos del poder, la justicia que sentencia la impunidad.

El Poder Judicial, como órgano del Estado, ha jugado su rol en la impunidad y así se ha denunciado, incluso mediante el pedido de juicio político a los tres jueces de la impunidad por parte de los legisladores del Frente de Izquierda.

El fallo de estos tres jueces cuenta con el respaldo del Colegio de Magistrados de Mar del Plata que, en un acto de apoyo corporativo, denunció los “escraches públicos”.  

Pero es necesario ir un poco más allá. En Mar del Plata, la Iglesia Católica tiene una injerencia fundamental en la composición del sistema judicial, donde ha conquistado posiciones ente secretarios, jueces, camaristas y fiscales. Una buena cantidad de ellos pertenecen a la familia de la Universidad Fasta (docentes, publicistas de la revista “Iuris Tantum” que editan), un emblema del Opus Dei.

Fue este mismo Tribunal Penal (Carnevale, Viñas y Gómez Urso) que garantizó la impunidad en los casos de violación del colegio “Gianelli”, que depende de la congregación Hermanas del Huerto. La Suprema Corte anuló hace unos meses esa sentencia y se espera un nuevo juicio. La Iglesia, en cambio, le dedicó una misa en la Catedral a la docente acusada por el “difícil momento que estaba pasando”.

Desde ya, la pretensión de que la justicia falle "con perspectiva de género" cae en saco roto ante la presencia de la Iglesia Católica. 

Nuestra campaña por la separación de la Iglesia del Estado debe partir de la denuncia política de que el Estado necesita a la Iglesia para llevar adelante sus planes de ajuste. Como contención social en los barrios y como garante de la impunidad en los casos que se judicializan. Denunciar el poder de la Iglesia y su influencia dentro del Poder Judicial es atacar al Estado necesita la violencia hacia la mujer para legitimar todas las formas de violencia que nos oprime

Un detalle que no puede pasar desapercibido es la declaración que emitió un sector de trabajadores judiciales kirchneristas (Agrupación “El Puente”) donde rechazaron cualquier presión popular por parte del movimiento que exigía justicia por Lucia por considerarla una  injerencia sobre la “independencia” del poder judicial. De la injerencia de la Iglesia ni una palabra. Se materializó así la perspectiva que CFK trazó en el Senado cuando se debatió el derecho al aborto: “no se enojen con la Iglesia” y, más recientemente, su llamado a la convivencia de pañuelos celestes y verdes en el foro organizado por Clacso.

Tenemos que redoblar la movilización popular para que haya justicia por Lucía, por un nuevo paro general de mujeres, la investigación a fondo de los vínculos de los femicidas con el estado municipal, elección popular de los jueces, separación de la Iglesia del Estado.