En el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto 2021, difundido particularmente por las funcionarias como un avance por poseer “perspectiva de género”,  el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizó la ejecución del Presupuesto 2020 durante el primer semestre del año.

La metodología de incorporar etiquetas de género en los presupuestos fue implementada por primera vez por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, y crecieron ahora de la mano de incorporar viejas políticas en el rubro, como la de la moratoria jubilatoria. Cierto es que a ella accedió un 74% de mujeres, y algunos atribuyen a esta política al menos el valor simbólico de cierto reconocimiento.

El informe mencionado señala que “en el primer semestre de 2020 se identificaron 30 actividades con PPG, 8 más que en 2019. Así, las partidas etiquetadas pasaron a representar el 12, 93% en el presupuesto vigente frente al 3,64% del proyecto 2020. El aumento se explica principalmente por la incorporación en la partida ‘Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional’ de la Anses, entre las cuales 3,3 millones de beneficiarias fueron mujeres (74% del total). El crédito vigente etiquetado como PPG se redujo levemente entre el primer y el segundo trimestre de 2020: pasó de $769.700 millones a $740.200 millones entre el primer y el segundo trimestre (del 13,45% al 12,93% del total del presupuesto)”.

Es decir que la identificación en el presupuesto nacional de “Etiquetas PPG” refiere mayormente a atribuir a políticas y asignaciones presupuestarias ya existentes una orientación tendiente a resolver cuestiones de género. Pero la moratoria no resuelve la discriminación que supone que las mujeres accedan a trabajos más precarios en el transcurso de su vida, razón por la cual no cuentan con los aportes al sistema previsional necesarios para cobrar jubilaciones. El sistema las discrimina, en estos casos, al condenarlas a cobrar ingresos asistenciales y pagar deudas que no contrajeron, y al resto de los aportantes a no acceder a las jubilaciones que les corresponden -toda vez que el Estado usa esos fondos para pagar deuda, financiar empresas u otorgar un justo beneficio pagado con el dinero de los trabajadores. Este es el efecto de la distribución de la pobreza, operado por quienes idearon el sistema. Igualar hacia abajo sólo consigue pauperizar a más capas de la sociedad.

“Durante el primer semestre del año en curso el presupuesto vigente se duplicó respecto del presupuestado en 2020: hoy es de $545.485.282. En términos reales, representa un aumento del 42% respecto del ejecutado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) durante 2019”, señala el informe. Estos fondos pertenecen a una redistribución de fondos de otros ministerios, y los fondos originales asignados para el año obedecían también a una estructura burocrática mucho más chica que la que existe hoy, con un Ministerio de las Mujeres que creó un cargo para cada ala política del gobierno.

Es cierto que el presupuesto del Ministerio de las Mujeres (de Alberto Fernández) es superior al del Inam (de Macri). Sin embargo, es cierto también que dicho Ministerio ampara una estructura mucho más costosa desde el punto de vista del sostenimiento de cargos creados para contener a todas las líneas gubernamentales que lo integran.

Anses, el bolsillo de los y las trabajadoras

La primera comprensión sobre los números que analiza ELA es que la “perspectiva de género” consistió en ejecutar un acto administrativo de colocar el acceso a la moratoria jubilatoria entre los “gastos” del Estados tendientes, según dijeron, a eliminar una brecha de género. “La respuesta que brinda el Estado a esta problemática es la posibilidad de adquirir los aportes faltantes a través de una moratoria, que abona el futuro jubilado en cuotas a deducirse de la propia jubilación. Históricamente 5 de cada 10 personas utiliza la moratoria en alguna proporción para poder jubilarse, cuando se trata de mujeres ese porcentaje crece a 8 de cada 10” (Infobae, 25/7).

Muchas veces se repitieron estas cifras, pero pocas se analizó quién paga esas moratorias jubilatorias, lo que pone al desnudo que lejos de ser un “esfuerzo del Estado” han sido integralmente financiadas por los propios trabajadores, con sus aportes al IVA, con su salario diferido (aporte jubilatorio) y con la reducción general de jubilaciones que se viene operando desde hace años. La descripción sirve para mostrar que durante los últimos 25 años los aportes patronales pasaron de representar el 70% del financiamiento del sistema a representar el 30%.

La proclamada “perspectiva de género” no nos cuenta que la implementación misma de un justo acceso a una jubilación, por parte de personas que no son responsables ellas mismas de no tener aportes, se hizo sobre la base de una feroz redistribución de pobreza y de una transferencia brutal de recursos de la parte trabajadora a la parte patronal. La perspectiva de género que  reivindica el presupuesto gubernamental no es más que una clara postal del ataque de clase y de género que anida en las políticas fondomonetaristas de este y de todos los gobiernos.

Meter la mano en el bolsillo del trabajador que confió (compulsivamente, justamente para poder hacer que el sistema sirviera) al sistema previsional una porción de su salario para luego de terminada su etapa activa poder seguir viviendo sin necesitar asistencia, es una forma de robo de la “propiedad privada” del trabajador que los gobiernos ejecutaron y naturalizaron.

ESI 0%

El otro dato que surge del informe de ELA es que el gobierno del feminista Fernández no ejecutó un centavo en seis meses de los miserables 81 millones de pesos destinados al programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación. Intentar desligar esta inacción de los fuertes lazos que unen al gobierno con las iglesias -y particularmente al ministro de Educación que es un hombre de la educación privada, la burocracia sindical y de fuertes lazos con el clero- sería un acto de torpeza política. Tenemos así que el presupuesto “con perspectiva de género” se cocina según los intereses de los enemigos número uno de los derechos de las mujeres y de la juventud.

El informe también marca que el Plan Nacional de Acción 2020-2022 para erradicar la violencia tiene un presupuesto asignado de 18.000 millones, y plantea que el mismo representa 33 veces el presupuesto actual del Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Géneros. Con esta comparación, el informe trastabilla toda vez que la misma no es una comparación simétrica, ya que el presupuesto del Plan es interministerial e incluye, como sí dice el informe, un 98% de planes asistenciales. Pusieron en marcha el “Acompañar”, presentado como una acción de combate a la violencia de género, que sólo cubre la asignación de una suma indigna para un puñado menor de mujeres durante seis meses, y los fondos de este plan están radicados en la partida presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social.

“Al segundo trimestre del año en curso, algunas dependencias y ministerios no contaban con actividades identificadas como PPG, como tampoco el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, a pesar de tener iniciativas vinculadas directamente con la reducción de las brechas de género”.

Efectivamente, el sistema de incorporar “etiquetas de género” puede ser leído como una perfecta impostura de parte de un gobierno cuya orientación general es el de implementar políticas que conspiran contra la equiparación hacia arriba de condiciones de vida, contra la discriminación jurídica y contra las desigualdades sociales más generales. Las cifras de pobreza y su particular padecimiento entre el colectivo femenino muestran un aspecto de este abordaje.

El Presupuesto PPG no podrá dar muestra de haber implementado una sola política efectiva en favor de las mujeres aunque se coloquen etiquetas sobre el IFE, al cual acceden una mayoría de mujeres. Una política asistencial mediocre y totalmente pobre no ejecuta una política de poner fin a las brechas de género. En el “mejor de los casos” iguala hacia abajo el poder adquisitivo de las masas, una realidad que para ser sostenida en el tiempo requiere del fuerte apoyo de la violencia de género, la violencia racional o nacional o del reforzamiento de instituciones enemigas de las mujeres y de las diversidades para sostener el crecimiento de la pobreza, tal como ocurre con la Iglesia Católica, aliada estratégica del actual gobierno.