Entre los despidos a mansalva en el Estado, tenemos el de los trabajadores precarizados en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva (PNSSyPR), un verdadero vaciamiento.

El programa fue creado en 2002 bajo el gobierno de Duhalde. Su objetivo fundante era proveer información científica sobre la salud sexual y reproductiva. Ese objetivo se cumplió de un modo ultralimitado, y por la intervención profesional y comprometida de muchos de sus integrantes.

A nadie escapa que el gran canal para el cumplimiento de este objetivo es la educación científica a través del sistema educativo oficial. Sin embargo, y en su afán de tender puentes con el clero, el kirchnerismo impulsó una ley de “Educación Sexual” que dejó librado a cada establecimiento el perfil y los contenidos que se impartían. De este modo, se  introdujo al clero en la educación pública de un modo que no ocurría en nuestro país desde la década del 50.

A contramano de cualquier batalla contra los prejuicios en esta materia, en la década kirchnerista se alimentó la lucha contra el derecho al aborto legal. Esta orientación fue acompañada por la iglesia católica y por otros cultos.

En muchos casos, el Programa debió intervenir a contramano de funcionarios seleccionados por el propio FpV, que no querían hacer cumplir el aborto no punible o que se negaban a repartir anticoncepción gratuita. Desde este programa se protagonizaron algunos hechos de impacto político, que incluso produjeron despidos de algunas de sus integrantes o desautorizaciones públicas por parte de los Ministros Ginés González García, Manzur o el del propio Gollan.

Macri va por más, y da respuesta a sus aliados políticos ultramontanos, defensores a ultranza de los lineamientos familiares defendidos por el Papa Francisco y el Vaticano, eliminando el programa. Es un tributo a la próxima reunión entre el presidente y el Papa.

Para estos despidos, el macrismo se sirve de la  desintegración del escalafón estatal a manos de los contratos precarios que instaló el kirchnerismo, con la complicidad de Upcn y Ate. Entre los derechos laborales arrasados por la década menemista, esta contratación precaria ha sido el mejor sucedáneo de aquella política polifuncional y descalificadora defendida por entonces por los mismos personajes.

El Consejo Nacional de las Mujeres, que debiera valerse de estos Programas que asisten a problemáticas  que hacen a la violencia institucional contra las mujeres, ha permanecido en silencio. El nombramiento de una militante feminista a la cabeza del mismo no ha sido más que una coartada para hacer pasar el plan ajustador de Macri, también contra los derechos de las mujeres.

Reclamamos la reposición del personal despedido en este Programa y en todo el Estado, la estabilidad laboral de sus integrantes y la defensa de un escalafón de funcionamiento, junto a un  programa de intervención en el área debatido y diseñado por los propios trabajadores del Programa, los únicos auténticos defensores de una educación sexual y reproductiva de carácter científico.