Según un informe de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, una mujer es asesinada cada tres días en la provincia de Buenos Aires. Este informe, armado con datos de distintas fiscalías bonaerenses, señala que en el periodo que va desde el 20 de marzo hasta el 30 de junio fueron asesinadas 33 mujeres, un 73% más que el mismo periodo de 2019. Este periodo coincide con el aislamiento social obligatorio impuesto por la emergencia del Covid-19, que significa para miles de mujeres una mayor exposición a situaciones de violencia, ya que quedaron encerradas con sus parejas violentas o aisladas y solas frente a exparejas que siguen hostigándolas, sin ninguna política del Estado que las ampare.

El informe también indica que las llamadas al 144 tuvieron un incremento sostenido, llegando a ser unas 4.667 en esos 100 días, un promedio de 47 llamadas por día. Esta continuidad en el incremento era conocido por el gobierno bonaerense y su ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. Pero en ese entonces, tanto ella como su par nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, desvalorizaron la cuestión diciendo que “el 80% de estas llamadas eran por violencia psicológica”. El negacionismo de las funcionarias no ha servido más que para colaborar en el aumento de la violencia y su peor cara: los femicidios.

Fondos miserables para atacar el flagelo de la violencia

Desde el comienzo del aislamiento en marzo, esta situación fue alertada por las organizaciones de mujeres que le exigimos al gobierno de Kicillof disponer de recursos para atender a las mujeres, cuyo grado de vulnerabilidad aumentaba por la cuarentena. Las medidas que se tomaron fueron precarias: nuevas líneas de WhatsApp y Telegram; “capacitación y concientización” a funcionarios con la Ley Micaela y un miserable fondo de emergencia de $30.000 para “gastos” (cargar la tarjeta Sube, el teléfono, sacar pasajes, etc.). Estos $30.000 son gestionados por los municipios que disponen de una cantidad de cupos, ya que esta miserable suma solo se otorga en caso de “extrema necesidad”.

Teniendo en cuenta que el mismo informe de la Corte señala que la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos de las Violencias por Razones de Género recibió 729 casos para abordar, más el dato de un femicidio cada tres días, nos podemos hacer una idea de la gravedad de la situación de la violencia que sufrimos las mujeres en el territorio provincial. Con estos datos, las medidas tomadas se demuestran en toda su dimensión como medidas de un feminismo “low cost”, que acompaña la decisión del gobierno de Kicillof de priorizar los recursos provinciales para el pago de la deuda y los subsidios a las patronales antes que para garantizar la vida de las mujeres.

Nuevos programas con viejas orientaciones: con la precarización en el corazón

En su momento, la sanción de la extensión de la emergencia en violencia de género, votada por la Legislatura bonaerense, unificó todas estas medidas aisladas; es decir, no se tomó ninguna nueva medida. Hace unos 10 días la ministra Estela Díaz, junto al gobernador, anunció un “nuevo” plan llamado “Comunidades sin violencia” que dispone de 500 millones de pesos para un programa a ser implementado en dos años y cuyo eje es “tender puentes” entre las organizaciones territoriales y el Estado. Hasta ahora esto se ha expresado en una “inscripción de promotoras y promotores territoriales en género y diversidad”, es decir personas que quieran “colaborar” (incluso de manera ad-honorem) en hacer lo que el Estado debería hacer con presupuesto y profesionales en planta permanente. Además, es claro que el objetivo es cooptar personas y quebrar organizaciones independientes que efectivamente actúan en el territorio debido a las enormes falencias del Estado.

Pero lo más interesante es el concepto de “ampliación de derechos” que dice perseguir este plan: proponen “afianzar la autonomía” con… planes de $8.500, a través del Programa Potenciar, para que miles de mujeres se sumen a las filas de la precarización laboral, para así “salir” de la violencia.

Necesitamos un plan de verdad

Desde el Plenario de Trabajadoras sacamos un informe especial sobre los femicidios en junio pasado donde señalábamos que “el entramado de violencias que termina muchas con la muerte de la mujer y/o alguna de sus hijas/hijos (femicidios vinculados) tiene una base material: la gran mayoría de las mujeres víctimas de violencia depende económicamente del violento, lo que dificulta enormemente la ruptura del vínculo” y que “la mayoría de las mujeres trabajadoras ocupa los puestos de trabajo peor pagos, con mayor explotación y también somos mayoría entre las desocupadas, sin contar que sobre nuestras espaldas recae la mayoría del trabajo doméstico y las tareas de cuidado, trabajo no reconocido ni remunerado como tal”.

Esta situación de vulnerabilidad económica no ha hecho más que empeorar durante la pandemia, la cual vino a agravar una situación de crisis social que ya existía. Frente a esta crisis, el gobierno responde con mayor despliegue de las fuerzas represivas -Facundo Castro lleva tres meses desaparecido- y con más espacio a las iglesias en “el territorio”, para que contengan el inevitable estallido social.

No podemos esperar más

En el peor momento de los contagios por el Covid-19, las mujeres también estamos expuestas a otro virus mortal: la violencia de género. Sin embargo, así como en el caso del Covid-19, el gobierno elige mirar para otro lado y priorizar los intereses capitalistas.

Más que nunca tenemos que defender la independencia política del movimiento de mujeres, porque será con esa herramienta que podremos ir por todas y cada una de nuestras demandas y poner fin a las violencias que se ciernen cotidianamente sobre nosotras. Así como con el derecho al aborto o con la disposición de recursos para afrontar la miseria, en el caso de los femicidios, las mujeres no podemos esperar más.