El juez neuquino Gustavo Ravizzoli dictó el 1° de septiembre la prisión preventiva por dos meses para Teresa Godoy, titular de la sección neuquina de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar), por el cargo de “facilitación de la prostitución” en calidad de autora. “La Tere”, como es conocida, había sido detenida el día anterior en un operativo conjunto de la fiscalía de Delitos Sexuales y la Policía neuquina, junto con Adrián Crespo, el encargado de seguridad de un prostíbulo que funcionaba en la capital de esa provincia, acusado de partícipe secundario. En el prostíbulo allanado se encontraban 13 mujeres, argentinas y dominicanas.

Según el fiscal de la causa, la detención de “La Tere” se lleva adelante porque “aun mediando el consentimiento de las trabajadoras sexuales, explotó económicamente su ejercicio de la prostitución mediante la retención de un porcentaje, a veces superior al 50 por ciento de lo recaudado” (La Mañana de Neuquén, 04/09). Según la ley argentina la prostitución es una actividad lícita, siempre y cuando no haya trata ni explotación de personas y se ejerza voluntariamente, es decir que lo que se pena según la normativa (aunque la realidad es otra) es a las personas que exploten económicamente el ejercicio de la prostitución ajena.

Godoy integra el kirchnerista Movimiento Igualdad, Ciudadanía y Justicia Social, que tributa a la fórmula Fernández-Fernández y lleva como candidato a intendente neuquino a Mariano Gaido (del MPN, partido de gobierno provincial).

Historial

No es la primera (ni la segunda) vez que dirigentes de Ammar son detenidas o procesadas por ejercer delitos como el proxenetismo, la explotación sexual o la trata de personas. En abril de 2018 la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento por el delito de trata de personas de María Azucena López Villagra, secretaria general de Ammar Mar del Plata, imputándosele la “modalidad de captación y acogimiento, agravado por el engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad de tres jóvenes, a quienes explotaba sexualmente en un prostíbulo que regenteaba en la ciudad balnearia” (Página12, 19/4/14). Previamente, en el año 2013 había sido procesada Claudia Brizuela, ex secretaria general de Ammar Ciudad de Buenos Aires: “la organización delictiva regenteaba dos burdeles en la ciudad de Buenos Aires y otros siete en la localidad bonaerense de San Miguel” (Página12, 16/10/14).

En el caso de Brizuela, cuya causa fue elevada en 2015 a juicio oral, Ammar nacional se desligó públicamente de la dirigente, aduciendo que esta había sido expulsada de la organización meses antes del procesamiento, pero no expresó opinión acerca de este. En el de López Villagra, la organización emitió en el mismo mes de su procesamiento un comunicado en su defensa, señalando que “ella está siendo procesada por organizarse con otras trabajadoras sexuales y porque era quien administraba el dinero para el pago del alquiler y los servicios de la casa donde ejercían”.

Un argumento similar aduce ahora el abogado de “la Tere”, Fernando Diez, según el cual “parece que se habla de explotación económica, ¿cuál es la diferencia con otros trabajos y otros escenarios? El trabajo de la prostitución es discriminado. Cuando se acepta realizar un trabajo, no puede ser de ninguna manera un delito. Creo que es una caza de brujas. Si estas mujeres quieren hacerlo, tienen el derecho”. En la página oficial de Ammar aún no figura ningún tipo de declaración sobre este caso, y Godoy continúa apareciendo como contacto de la seccional Neuquén.

“Trabajo sexual” y prostitución

El caso de Godoy pone de nuevo sobre la mesa el debate alrededor del supuesto “trabajo sexual”

Ammar es una de las organizaciones que sostienen que la prostitución debe ser considerada “un trabajo como cualquier otro”, argumentando que todo trabajo es explotado y que no habría diferencia entre la prostitución y un trabajo en una fábrica o un comercio. Para quienes defendemos que las mujeres no tengan que prostituirse, sin embargo, no se trata de embellecer el resto de los trabajos, sino poner un límite a la explotación y degradación capitalista mientras luchamos por su abolición. Las prostitutas en todo el mundo son sometidas a niveles de violencia (violaciones, golpizas, robos) que son incomparables a los de cualquier otra actividad; se trata de una actividad degradante y riesgosa para poder sobrevivir. Detrás de una pantalla de acceso deseado a la prostitución, se desenvuelven torturas y vejaciones cotidianas que explotan la vulnerabilidad social a las que nos somete el capital.

La prostitución, a su vez, no afecta solamente a quienes la practican, sino que mediante la mercantilización de nuestros cuerpos constituye uno de los elementos más fuertes de opresión del conjunto de las mujeres. Y finalmente, la prostitución como única acción frente al hambre, es una respuesta individual (aunque de efectos colectivos), ante una realidad social que, por el contrario, exige organización colectiva y lucha, única forma de terminar con este régimen degradante y hambreador.

Quienes hoy hablan de “trabajo sexual” y no de “prostitución” proponen terminar con cualquier tipo de prohibición y asegurar supuestos derechos laborales y servicios de salud a las prostitutas. Pero donde esto ha sido aplicado ha quedado comprobado que estas políticas sólo llevan a un incremento del negocio para los Estados capitalistas y los proxenetas, y a una mayor opresión no sólo de las mujeres que ejercen la prostitución, sino de las mujeres trabajadoras en su conjunto –como señalamos en un artículo anterior sobre el caso de Alemania.

De esta manera parte de las dirigentes de Ammar, defensoras del supuesto “trabajo sexual independiente”, aparecen como una réplica agravada del sindicalismo empresario que vemos en la dirección de muchísimos gremios burocráticos, donde quienes fungen como representantes de los trabajadores y trabajadoras son en realidad parte de un entramado con las empresas y los gobiernos para llevarse ellos también una tajada de su explotación.

La orientación que Ammar desarrolló durante los últimos 10 años ha significado el abandono completo del choque frente al Estado que persigue a mujeres prostituidas y protege a proxenetas y participa del negocio. Quizá el caso más emblemático haya sido el abandono de la causa de Sandra Cabrera, quien se identificaba como “trabajadora sexual” y habría sido asesinada por policías federales (al mando, por entonces, de Aníbal Fernández) y de Santa Fe, implicados en la trata de menores para el negocio de la prostitución que Cabrera venía denunciando.

Desde el Plenario de Trabajadoras planteamos justicia por Sandra Cabrera; trabajo genuino para las mujeres, trans y travestis prostituidas, así como el otorgamiento a estas de subsidios de emergencia financiados con la incautación de bienes a tratantes; fin de la persecución y el circuito de coimas policiales contra mujeres, trans y travestis prostituidas; desmantelamiento de las redes de trata. El Estado es el primer proxeneta.