El femicidio de María Belén Rivas aún tiene muchos interrogantes. La joven de 16 años que cursaba un embarazo de 7 meses fue asesinada el 2 de abril de este año. Su cuerpo fue encontrado bajo el piso de una casilla de moto taxi.

 

Esa misma madrugada, los familiares pidieron con insistencia que se procediera para intentar salvar al feto que ya con 30 semanas tenía altas posibilidades de sobrevivir, pero la policía se negó alegando que necesitaban la autorización del juez de Instrucción N° 3 Martín Britez, el cual apareció cuatro horas después.

 

Los medios, basándose en información que deslizó la policía en las primeras horas de hallado el cuerpo, instalaron la hipótesis de muerte por sobredosis: el canal local revictimizó a Belén cuestionando el por qué salió de noche y embarazada.

 

La autopsia -que tardó varias semanas en realizarse- dejó sentado que a María Belén la habían violado y ahorcado. Carlos Daniel Batista se declaró culpable, pero la familia de Belén sospecha que pudieron haber otros implicados, en principio por el lugar donde fue abandonado el cuerpo y en segundo lugar porque la casilla se encuentra en una plaza del pueblo. 

 

Activistas y organizaciones políticas organizaron una serie de marchas y mantienen reuniones en esa misma plaza para continuar de cerca el caso y el pedido de justicia. Esto generó que el municipio maniobre para desarmar el reclamo, intentando cooptar a algunos parientes. En el último mes, por orden del intendente Claudio Filippa -que informalmente dejó en claro que no quiere no quiere marchas y que rechazó el pedido de emplazamiento de una placa conmemorativa en el sitio donde fue encontrado el cuerpo de Belén-, la policía comenzó a hostigar a las militantes y activistas que acompañan el caso, merodeando en patrullero alrededor de la plaza en el momento de las reuniones, llamando por teléfono para preguntar si necesitan que la policía participe, increpando a algunas compañeras por seguir reclamando al haber ya un preso. Inclusive, persiguieron a nuestra compañera Ramona Romero -reconocida en la localidad por acompañar e intervenir en casos emblemáticos de impunidad- dos cuadras desde su casa hasta la plaza.

 

Denunciamos esta persecución y amedrentamiento por parte del Estado municipal que no tiene escrúpulos en utilizar a las fuerzas de seguridad contra la lucha y la organización en los casos de impunidad y femicidios. Esta lucha desnuda las responsabilidades políticas, sociales y económicas que le caben al Estado y a todos sus personeros.

 

Este 3 de junio nos encontrará nuevamente en las calles contra todos los flagelos que son perpetrados por la política de clase que sigue perpetuando los femicidios.