La sesión especial del Senado de la Nación que trata el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo va dejando algunas novedades importantes. La primera senadora que tomó la palabra, Norma Durango, declaró que existe el compromiso del gobierno de implementar uno de los cambios regresivos que buscaban imponer los sectores antiderechos al momento de la reglamentación del Poder Ejecutivo.

La legisladora del Frente de Todos sostuvo que existe un compromiso ya fijado con el gobierno nacional de Alberto Fernández de establecer un veto parcial en el artículo que refiere a aquellas situaciones en que se afecte la salud “integral” de la mujer como causal de aborto luego de la semana 14 de gestación.

La eliminación de este concepto es una de las exigencias del clero, que reclamó explícitamente el senador y exgobernador rionegrino Alberto Weretilnek para restringir el acceso a este derecho. Como la define la Organización Mundial de la Salud, la salud integral contempla no solo enfermedades o riesgo de vida sino además la consideración de factores psíquicos y sociales. Por eso pretendían reemplazarlo por una referencia a la “salud física”, aunque finalmente según este compromiso quedaría solamente el término “salud”.

Con esta modificación buscan brindar mayores garantías a los objetores de conciencia y a aquellos sectores que intentarán vulnerar este derecho en caso de que sea sancionado. “Cuando exista peligro, pero no coloque en riesgo la vida (de la mujer) no resulta lógica la imposición de la exigencia de actuar”, había expresado Weretilneck. Más allá del desprecio evidente por las mujeres y niñas, es notorio que apunta a garantizar mayores recursos para negar la práctica a quienes la soliciten.

La ola verde debe seguir de cerca todas estas operaciones que atentan contra la implementación efectiva del aborto legal en caso de que se convierta en ley. Tiene la fuerza para ello.

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