A ocho meses de la creación del Programa Acompañar por parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la iniciativa ha demostrado ser un fracaso rotundo en términos de asistencia a las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo, fruto de estar padeciendo situaciones de violencia de género. Para tener una idea, solo 843 mujeres tuvieron acceso al programa, y, hasta el momento, solo se ejecutó un 3% de presupuesto que tiene asignado.

La asistencia económica contemplada en el Acompañar es irrisoria. Es equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual, aún con el reciente aumento de miseria fijado por el gobierno de Alberto Fernández, las burocracias sindicales y las cámaras empresarias, en siete tramos hasta febrero 2022, seguirá siendo un tercio de la canasta de pobreza. Además, el subsidio en cuestión es por tan solo seis meses, dejando desamparadas a las mujeres luego de ese plazo. De más está decir que los fondos del programa provienen de la caja de los jubilados, quienes reciben ingresos cada vez más de indigencia. De este modo, el programa no contribuye en nada para que las mujeres que deseen desarrollar un proyecto de vida autónomo, lejos del agresor, puedan contar con los recursos necesarios para hacerlo.

En un acto de discriminación y extremo cinismo dejan sin acceso a dicho plan a mujeres que integran el pequeño universo de planes sociales de $10 mil de ingreso mensual y el más pequeño aún de planes de $20 mil. Este aspecto echa por tierra cualquier intento de presentar al mismo como una vía para contribuir en la independencia económica de las mujeres, ya que deja a la deriva a todo el universo que percibe ingresos bajo registración, pero aún así, significan montos de indigencia.

Por otra parte, las mujeres no tienen idea de que exista ese programa, que, a su vez, no tiene aplicación nacional. Se encuentra totalmente descentralizado y las áreas conveniadas en cada provincia -denominadas Unidades de Acompañamiento- escasean. A modo de ejemplo, solo existen 31 Unidades de Acompañamiento para 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, y en provincias como Santa Fe hay solo una.

A su vez, como las Unidades de Acompañamiento existentes, en líneas generales, están dentro de las áreas de género de los municipios, los requisitos para acceder al programa muchas veces están sujetos a las arbitrariedades de cada distrito. Además, la creación del Programa Acompañar no supuso la incorporación de personal interdisciplinario nuevo, por lo tanto, la pretendida asistencia integral recae en la reducida cantidad de profesionales que existían previamente, muchas veces precarizados y mal pagos.

A esto hay que sumarle que el Programa Acompañar no contempla ninguna medida de reinserción laboral de las mujeres que lo reciben, cuando un 12% de la fuerza laboral femenina se encuentra desocupada en el país. Tampoco garantiza el acceso a la vivienda para aquellas víctimas de violencia que necesitan un lugar donde vivir una vez que logran escaparse de los hogares en los cuales corrían riesgo sus vidas. El hecho de que en Argentina el déficit habitacional alcance a 3,5 millones de hogares da cuenta que el derecho a la vivienda está completamente vedado para los sectores populares. Así las cosas, el programa no puede jactarse de brindar un acompañamiento real a quienes lo solicitan.

A esta “política de género” low cost, producto de un gobierno subordinado a las directivas del FMI, las mujeres debemos oponerle un programa que verdaderamente sirva para asistir de manera integral a las víctimas de violencia de género, en un país donde arrecian la pobreza y los femicidios; el cual arrancaremos por medio de la lucha callejera.

Exigimos un aumento del Programa Acompañar a $61.000; la extensión del mismo en el tiempo hasta tanto la mujer no se encuentre trabajando bajo convenio y cobrando un salario mínimo equivalente al costo de vida. Terminar con el carácter restrictivo del programa y que todas aquellas que perciban un salario inferior a $61.000 puedan recibirlo. A su vez, es necesario que el programa contemple un cupo laboral tanto en el ámbito público como en el privado para las víctimas de violencia de género, en función de que puedan acceder a un empleo en planta permanente, y, de esta forma, percibir ingresos económicos todos los meses. Al mismo tiempo, el programa debe incluir la puesta en pie de planes de vivienda para que las mujeres tengan un techo propio.

Reclamamos la centralización del Programa Acompañar para que no quede a merced de cada municipio. Debe existir una Unidad de Acompañamiento cada 50.000 habitantes mujeres, distribuidas en todo el país, con un horario de atención de 24 horas los siete días de la semana. Deben garantizar un acompañamiento interdisciplinario a partir de incorporar más profesionales, que se encuentren en planta permanente y perciban salarios acordes al costo de vida e indexados a la inflación. El abordaje integral no debe finalizar a los seis meses, sino que la víctima debe recibir asistencia psicológica, legal y social hasta que los profesionales a cargo lo consideren necesario. El funcionamiento del programa debe quedar sujeto al monitoreo independiente de las organizaciones de mujeres y diversidades.

Este plan debe ser financiado por medio de la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo al gran capital de carácter permanente.

Desde el Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras nos proponemos impulsar una enorme campaña en cada barrio por todas estas demandas para que exista una real asistencia a las víctimas de violencia de género.

 

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https://prensaobrera.com/mujer/basta-de-hambre-y-femicidios/

 

 

https://prensaobrera.com/mujer/la-estafa-de-las-politicas-economicas-con-perspectiva-de-genero-durante-la-pandemia/