Con un gran manifestación del movimiento de mujeres de la ciudad en contra, el miércoles pasado el Concejo Deliberante de la ciudad santafecina de Rafaela aprobó la ordenanza de “Protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer”, impulsada por el grupo oscurantista y clerical “Rafaelinos por la vida”. En las calles, cortamos una de las arterias principales y luego algunas de nosotras logramos ingresar al recinto con nuestros carteles, poniendo en crisis una sesión en la que los partidos que gobiernan Rafaela pretendían aprobar el proyecto sin mayores sobresaltos.

Esta irrupción de las mujeres puso de relieve las divisiones internas del PJ, el PRO y la brutal descomposición del Frente Cívico y Social -que nuevamente votó contra las mujeres. El proyecto estuvo al borde de ser rechazado; si finalmente salió, fue gracias al esfuerzo conjunto de todos ellos. Votando divididos, los partidos de gobierno intentaron salvarse del descrédito frente a las mujeres movilizadas, pero no pudieron ocultar que su compromiso último es con la reacción clerical.

Iniciativa clerical

El proyecto fue presentado bajo el ropaje de “iniciativa popular”, acompañado de 2.000 firmas. Investigaciones periodísticas posteriores revelaron que muchas de ellas pertenecían a personas muertas y que centenares de firmas fueron falsificadas. El carácter popular estuvo fraguado desde el vamos por los promotores de la medida.

La ordenanza tiene como objetivo poner a disposición de los grupos clericales que actúan bajo amparo del municipio una herramienta más para obstaculizar los Abortos No Punibles vigentes desde 1921 en el Código Penal. En ella se establece “la tutela de los derechos” de “la mujer embarazada y del niño por nacer” (por parte del Estado) y en particular del “embarazo de la mujer en situación de vulnerabilidad” por el cual se entiende según el articulado: “a) aquél en que se vea perjudicada la salud de la madre, requiriéndose cuidados especiales, b) aquél en que se tome conocimiento de que el embarazo es producto de una violación, c) aquél en que las circunstancias económicas, culturales y familiares sean tales que hagan dificultoso para la mujer llevar el embarazo adelante, d) cuando sea manifiesto el deseo de la madre de no continuar con el embarazo, e) aquél en el que la madre posea una discapacidad”.

Así, la norma constituye un arma contra las mujeres que soliciten un aborto no punible y también contra las y los profesionales que practican las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) dentro del sistema público de salud. Con este proyecto, las iglesias tendrán otra plataforma desde la cual perseguir, traumatizar y estigmatizar a las mujeres que necesiten acudir a la práctica.

La contradicción entre la carga fuertemente represiva de esta normativa municipal y la ley de alcance constitucional vigente a nivel nacional, no impedirá que el lobby clerical actúe en Rafaela en pos de violentar el “deseo manifiesto” de las mujeres de no continuar con el embarazo”. En esta línea, la ordenanza establece que entre el interés de la mujer y la de “Niño por nacer” siempre se privilegiará el segundo: “cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros”.

Es decir: cuando la salud de la mujer esté en peligro, se privilegiará el embarazo. Siguiendo esta orientación reaccionaria el Estado santafecino asesinó a la joven Ana María Acevedo en el hospital Iturraspe hace 11 años en la capital provincial, un hecho que el gobierno reconoció formalmente y del cual también se hace caso omiso. Bajo el paraguas de esta ordenanza funcionarios municipales hostigarán hasta obligarlas a parir a las mujeres, adolescentes y niñas violadas, reproduciendo la violencia contra su salud e integridad personal.

Que estas formas de violencia se ejerzan en nombre “de la felicidad del embarazo” hacen de esta ordenanza monstruosa una vil parodia de los Cuentos de la criada. No sería exagerado decir que estamos frente a una norma que avala el terrorismo de Estado.

Los partidos se dividen para salvar a un régimen clerical

La cobertura asistencial que se le da a esta iniciativa de las iglesias no pasa de una manipulación: la misma cesa desde el momento mismo en que la mujer pare y queda abandonada a su suerte frente a la desocupación creciente, la crisis habitacional, el vaciamiento de la salud y de la educación. El proyecto se opone por el vértice a los reclamos que venimos haciendo desde el 2015, cuando se produjo el primer Ni una Menos, para combatir la violencia contra las mujeres: casas refugio, equipos interdisciplinarios  y una salida laboral y habitacional genuina que han sido denegadas por todos los gobiernos del ajuste. Cualquier red asistencial para las mujeres debe estar desvinculada de los intereses religiosos y los grupos de poder que se valen de la violencia contra las mujeres y la infancia para disciplinar a las mayorías populares. Rechazamos que el Estado tercerice la asistencia en una institución pedófila a escala mundial.

El bloque de Cambiemos se dividió el trabajo sucio, con tres votos del PRO a favor del proyecto clerical (Raúl Bonino -presidente del Concejo-, Hugo Menossi y Carina Visintini) y tres en contra, provenientes del sector radical que abandonó el Frente Progresista para irse con el macrismo (Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy –UCR- y Marta Pascual –PDP-). 

Lisandro Mársico, del Frente Progresista Cívico y Social, votó a favor, siguiendo la línea de su correligionario Luis Contigiani en el Congreso de la Nación que estuvo en contra del aborto legal en la Cámara de Diputados, dando cuenta de una bancarrota en toda línea del llamado “progresismo”.

El bloque del PJ también se dividió, con un voto a favor (Silvio Bonafede) y dos en contra (Evangelina Garrapa y Jorge Muriel. Esta aparente mayoría en contra no puede ocultar que los jefes del PJ de Rafaela son clericales: el Intendente Luis Castellano, abierto militante católico, viene cediendo espacios y apoyando económicamente a las manifestaciones “por las dos vidas” en Rafaela. Omar Perotti, ex intendente de la ciudad, actual Senador del PJ por la provincia, y postulante a gobernador de ese espacio para el 2019, se abstuvo durante la votación de la legalización del aborto el pasado 8A e instruyó a su bloque para que ahora vote este proyecto nefasto.

Así las cosas, la votación quedó con cinco votos a favor y cinco en contra, y fue desempatada por el voto doble del presidente del Concejo "Lalo" Bonino por la positiva, convirtiendo al proyecto de ley en ordenanza municipal. Todos los bloques políticos aportaron de esta forma a ratificar el Decreto Municipal que declaró a Rafaela "pro vida y pro familia".

Sigamos movilizadas. Abajo el proyecto clerical

La ordenanza será utilizada como un ariete del aborto clandestino y contra la educación sexual científica y laica.

Coloca el presupuesto municipal, que no se destina a las necesidades obreras y populares, al servicio de reforzar el aparato paraestatal que manejan  los sectores clericales. 

Por todo esto desde el Plenario de Trabajadoras llamamos a organizar una masiva asamblea de mujeres y disidencias que resuelvan un plan de lucha de las mujeres, los trabajadores y la juventud por:

-Derogación de la Ordenanza “Protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer”.

-Derogación del Decreto N° 2870 que declara a Rafaela “Ciudad ProVida y Profamilia”.

-Creación de Centros Integrales de la Mujer, bajo control de las organizaciones de mujeres, con personal interdisciplinario en planta permanente para asistir a las mujeres y la infancia víctima de violencia.

-Efectiva implementación de la ESI en todos los niveles educativos

-Defensa de los abortos no punibles y de les profesionales que garantizan el acceso a derechos. Abajo la objeción de conciencia en el ámbito de la salud.

-Aborto legal, seguro y gratuito.

-Separación de la Iglesia del Estado