En lo que va del año se produjeron doce asesinatos de mujeres en Salta, posicionando a la provincia como una de las que encabeza el índice de femicidios del país.  

 

Repasar las circunstancias en que estas mujeres perdieron sus vidas nos muestra la brutal descomposición del Estado, que no garantiza ni siquiera las medidas mínimas de protección para las víctimas.

 

Veamos:

 

1- Andrea Neri, fue asesinada dentro de la cárcel de Villa Las Rosas, por su pareja, un preso femicida.

 

2- Élida Santillán, estrangulada en la vía pública en Tartagal.

 

3- Carolina Saracho, quemada con alcohol por su pareja en Salta Capital.

 

4- Jimena Salas, asesinada a puñaladas en Vaqueros.

 

5- Benita Sánchez, apuñalada por su ex pareja en Orán.

 

6- Angélica Serrano, asesinada a martillazos en la cabeza por su hermano en Salta Capital.

 

7- Daniela Guantay, estuvo desaparecida 6 días, su cuerpo apareció desmembrado en Salta Capital.

 

8- Cintia Betiana Rodríguez, apuñalada en Aguas Blancas, Orán.

 

9- Gerónima Romero Bautista, estrangulada en El Sauzal, Salvador Mazza.

 

10- Camila C. Rodríguez de 15 años y embarazada de 6 meses. Desapareció el 25 de abril, su cuerpo fue hallado el 29 de ese mes en la ruta de Orán.

 

11- Carolina Guerrero, apuñalada en Barrio Ceferino, Salta

 

12- Anabel Cruz, agonizó dos semanas luego de una golpiza.

 

Desde el gobierno buscaron minimizar el impacto de estos crímenes argumentando que aún no se sabe si fueron asesinadas por su pareja o ex pareja, y que por ello no está comprobado que murieron por su condición de género. Un verdadero macaneo que además los inculpa.

 

En los casos de Camila Rodriguez y Carolina Guerrero sus muertes están vinculadas a un entorno de "dealers" que controlan zonas enteras de las ciudades, en una provincia en que la policía está involucrada hasta los tuétanos con los narcos de gran escala y al narcomenudeo. Esta semana se descubrió que dos policías estaban a cargo de la provisión de pasta base ¡en 100 bocas de expendio!

 

El año pasado fue descabezada toda la cúpula de la división de Drogas Peligrosas por liberar zonas y comercializar ellos mismos la droga en toda una zona de Salta Capital. Los crímenes de mujeres son el resultado de un Estado descompuesto en todos sus estamentos, desde las fuerzas policiales, la justicia y sus funcionarios.

 

Las llamadas “políticas públicas”, como la declaración de la emergencia en violencia de género o la creación de un observatorio estatal, fracasaron en sus propios términos al compás del agravamiento de la descomposición de las propias fuerzas del Estado.

 

Es por eso que el feminismo que se aleja de un programa de transformación social queda pedaleando en el aire. Todo un sector asiste atónito a este escenario, dicen que el Estado es responsable, pero se limitan a cuestionar que los funcionarios no tengan "perspectiva de género". Este tipo de planteos han sido acompañado de un intento de reforzamiento represivo, como la penalización de los piropos, impulsado incluso por diputados oficialistas del régimen de Juan Manuel Urtubey (PJ).

 

Un sector feminista K ha tomado nuestro planteo del Consejo Autónomo de la Mujer pero para desnaturalizarlo, proponiendo un concejo no-autónomo, al quitar la forma de elección del mismo  (directa por el voto y revocable), para reemplazar la actual burocracia "feminista" por otra.

 

Cuando decimos que el Estado es responsable nos referimos a que el mismo se vale de la violencia contra la mujer como un instrumento de opresión y represión en todos los ámbitos. Es un grave error suponer que el mismo régimen político que mata de hambre a los niños wichi y le regala tierras productivas al diputado fascista Alfredo Olmedo a cambio de nada, vaya a adquirir perspectiva de género. La autonomía de la lucha de la mujer es el primer peldaño a subir en esta batalla.

 

Exigimos la renuncia de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Pamela Calletti, queremos la elección de los jueces y fiscales que atienden violencia de género por el voto del padrón femenino y un Consejo Autónomo de Mujeres, electas y revocables por el voto de las mujeres, que cuente con presupuesto propio, que tenga a su cargo la garantía de la asistencia a las víctimas y un plan contra la violencia, de manera que sean las propias mujeres quienes acaben con la masacre de los femicidios y la violencia sobre nuestras familias.

 

Es un planteo de poder, no de integración al Estado opresor.