Red de explotación infantil en Córdoba: la licencia de Ramón Flores es un encubrimiento al oficialismo

La Legislatura de Córdoba resolvió aceptar la licencia del legislador oficialista Ernesto Ramón "Cañito" Flores, quien está vinculado a los detenidos por el funcionamiento de una red de explotación sexual infantil en la localidad de Villa María de Río Seco, en la zona norte de la provincia. Hasta el momento, la causa cuenta con 14 detenidos -entre ellos 13 hombres y 1 mujer- y un prófugo con pedido de captura. Los aberrantes hechos ocurrieron en un campo propiedad del propio parlamentario, donde las menores sufrían abusos a cambio de dinero o drogas.

Entre los principales detenidos se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, asesor legislativo de Flores. Villarreal no cumplía labores en la Unicameral sino en el establecimiento rural del legislador, configurando un evidente desvío de fondos públicos para uso privado. Además, registraba antecedentes por una denuncia de abuso sexual a una menor en 2021 que prescribió impunemente por la inacción de la Justicia provincial.

En la causa -que investiga delitos de grooming, abuso sexual acceso carnal y explotación infantil con 4 víctimas menores de edad identificadas- también está detenido el policía Juan Cruz Cejas Bustamante. A pesar del entramado de complicidades, la fiscal Analía Céspedes se apresuró a declarar que se trataba de "violaciones individuales", buscando descartar apresuradamente la red organizada y desvincular al legislador del expediente penal.

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Sumado a esto, trascendió que la pareja del legislador habría facturado $4,5 millones a la Legislatura provincial sin que el bloque de Hacemos por Córdoba dé explicaciones. Aún con todas estas pruebas a la vista, el peronismo se negó a expulsar a Flores del recinto.

La oposición patronal busca capitalizar la crisis pidiendo la renuncia de Flores, pero mantiene un estricto silencio sobre la orientación misógina y los casos de corrupción del gobierno nacional de Javier Milei.

Tras la sesión en la Unicameral, el jefe de Gabinete atinó a declarar que "la dimisión es una decisión individual del legislador", dejando la salida a criterio de un personaje totalmente acorralado por la gravedad de los hechos. El pedido tardío de expulsión impulsado por la senadora Alejandra Vigo no busca más que aislar "una manzana podrida" para ocultar un cuadro generalizado de descomposición política, ya que estas redes de trata y explotación solo pueden operar con amparo y complicidad estatal.

Frente a esta maniobra de encubrimiento, la concejala del Frente de Izquierda Unidad, Cintia Frencia, y Soledad Díaz, abogada y referente de la Asamblea Ni Una Menos, presentaron una petición formal ante la Legislatura para la expulsión inmediata de Ernesto Flores e impulsan la movilización popular. Exigimos justicia por las víctimas. ¡Ni Una Menos! Vamos con todo al próximo Encuentro de Mujeres a votar un plan de lucha por todos nuestros reclamos.

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