En la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, salieron a la luz denuncias de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y estupefacientes. La investigación está parada desde hace meses y los testigos señalan al poder político, los jueces y la policía.

En mayo de 2018, tres fiscales que investigaban esta red de trata –según informa Clarín- presentaron un pedido al juez federal Marcelo Balaiqué para que tome indagatoria y medidas contra doce personas que formarían parte de esta organización delictiva. A 4 meses de eso, la causa no ha tomado ningún rumbo.

Según Claudio Kishimoto, fiscal a cargo de la Fiscalía Federal n° 2 de Rosario, y Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), ya hay evidencia suficiente para sostener que desde febrero de 2017 esta organización “La banda de la mamu”, como se hace llamar, secuestra, traslada y explota sexualmente al menos a dieciséis mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras, vulnerables y violentadas. Entre la decena de acusados además de regenteadores se encuentran señalados miembros de la Policía de Santa Fe y de la Guardia de infantería, quienes serían los que proporcionaban el respaldo policial a esta red de trata (Clarín, 29/9).

La denuncia con la que se comienza la investigación, fue realizada por una mujer de la localidad bonaerense de san Nicolás, víctima de violencia de género que llega a la ciudad de San Lorenzo para lograr la independencia económica de su pareja. Allí, es contratada por esta banda para atender al público en su kiosko (fachada del prostíbulo), pero fue prostituida a los extranjeros de los puertos privados del cordón industrial y forzada a venderles estupefacientes. También denunció directamente al poder político y señaló que “así se sostenía el negocio”. No es la única denuncia que recibió este prostíbulo, hubo denuncias anteriores en varias comisarías de la Ciudad y fueron desestimadas según la víctima.

No es la primera vez que el Juez Bailaque se esconde frente a una denuncia tan grave. Años atrás se declaró incompetente para seguir con la causa por la desaparición forzada de Gerardo “Pichon” Escobar, que fue encontrado muerto en el rio Paraná una semana después. También se declaró incompetente en la causa de Franco Casco, desaparecido y asesinado en Rosario luego de ser detenido en una comisaria. El hilo conductor entre este y otros casos, es la complicidad de la “Justicia” santafesina, conviviendo con el delito organizado.

Puertos privados, tratas de personas y complicidad política

No es la primera vez que oímos  hablar de redes de trata de personas en el cordón industrial de San Lorenzo.

De los cientos de puertos que bordean al rio Paraná, el 90% o más son privatizados. Es decir “legalmente” utilizados para que desde las costas del Cordón Sojero se permita el ingreso y egreso irrestrictos sin control al servicio de las patronales exportadores de la región, abriendo una inmensa puerta al contrabando, el narcotráfico y la trata de personas. Precisamente, la región de San Lorenzo, a través de los puertos privados y la conexión directa con el Río Paraná y la zona sur de la provincia, se ha convertido en un lugar estratégico para el tráfico ilegal.

Es en esta ciudad también, que sigue sin aparecer Paula Perassi, joven sanlorencina, madre de dos niños y embarazada, quien se encuentra desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011.

Los prostíbulos clandestinos, el narcotráfico, la desaparición de personas y la trata, forman una enorme estructura delictiva que cuenta con amparo político, policial y judicial.

El movimiento de mujeres tiene que enfrentarlo en la calle. Es el único escollo real a todos estos flagelos.

Exigimos la apertura de las denuncias de las comisarías. La rápida intervención en la investigación impulsada por la victima de trata, de la mujer bonaerense que llegó a la ciudad de San Lorenzo.

Por la nacionalización de todos los puertos privados del Cordón Industrial bajo control obrero

Por la organización del movimiento de mujeres bajo un programa que imponga la lucha contra el trabajo en negro, los despidos, y por las condiciones de vida de la mujer trabajadora para acabar definitivamente con los flagelos que padecemos los que vivimos de nuestro trabajo en todo el país.