El Ministerio de Desarrollo Social incluyó el trabajo sexual en el nuevo “Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular” (ReNaTEP), lanzado en los últimos días por las organizaciones sociales ligadas al gobierno nacional. Esto fue presentado como una victoria por un sector de la militancia regulacionista cercana al Estado. El descontento generado e impulsado en las redes sociales por “abolicionistas” y por un sector clerical y antiderechos (también asociado al “albertismo”) tiró para atrás la iniciativa, que terminó en la promesa del armado de una mesa para discutir el asunto. Este tema tiene varios puntos para avanzar en un debate. Vamos por partes.

La prostitución no es un trabajo, sin embargo es el ingreso mensual con el que paran la olla miles de mujeres cotidianamente. Una dualidad propia de un régimen de sometimiento y explotación que cada día con más fuerza condena a las mujeres a las peores de las precarizaciones laborales. La regulación no defiende a la puta cuentapropista. Beneficia la expansión del mercado y su monopolización sobre bases laborales tremendamente vejatorias. Este es el registro internacional al respecto del tema.

La asimilación del reconocimiento estatal con la obtención de derechos es una burda deformación de la realidad. Lo cierto es que el Estado interviene fuertemente en el rubro, cobrando diezmos a las prostitutas, usándolas para el negocio de las drogas o para el intercambio de favores entre diferentes sectores. Es también un sector usado para cumplir delaciones en favor de la policía o de políticos, entre otros servicios que de ninguna manera se reducen al servicio sexual. Pero organizaciones que surgieron al calor de la defensa de las personas prostituidas han abandonado las viejas luchas contra el Estado que caracterizaron a Ammar y a Attar en el pasado para pasarse al campo de la precarización laboral auspiciada por el propio Estado.

La cuarentena representó un ejemplo palmario de esto: mientras que el gobierno descarga sobre las espaldas de los más humildes las consecuencias de la necesidad de hacer cuarentena frente al Covid, Ammar no reclamaba al Estado subsidios adecuados para proteger a sus representadas sino que hacía recomendaciones al respecto de qué posiciones sexuales usar para evitar contagios.

En medio de la crisis actual esta realidad va a tender a profundizarse y luego de ella las tendencias a volver sobre la regulación van a profundizarse, porque el negocio de la explotación sexual ofrece muchas condiciones muy beneficiosas para el inversor capitalista. Mucha liquidez económica, ya que estos “servicios” no suelen pagarse con tarjeta y poca demanda de inversión, porque a una mujer o a una niña se la capta y a las horas empieza a dar beneficios.

¿Es posible que las prostitutas actuales conquisten una regulación que efectivamente beneficie al universo que elige la prostitución sin afecte a la gran mayoría captada y explotada? No, la única fórmula que encontraron es la negación del fenómeno, su encubrimiento en nombre de que no se les puede pedir a ellas que denuncien la trata, como no se le pide al trabajador textil que lo haga, y demás argumentos encubridores que pretenden negar que la venta de sexo no tiene el mismo valor simbólico y material que otras formas de explotación.

A pesar de la moda tardía que se adoptó en Argentina relativa a introducir a un sector de clase media en la prostitución desde un discurso feminista, lo cierto es que los enormes contingentes de mujeres que están siendo explotadas diariamente están muy lejos de estar ahí por elección o convicción ideológica. La explotación sexual es sin atenuantes una de las formas más profundas de sometimiento en medio de un régimen que procede a una infinidad de sometimientos cotidianos en favor del beneficio capitalista.

Un listado no cuesta nada

La creación del ReNaTEP por parte del Ministerio de Desarrollo Social implica la inscripción en un listado de diversas actividades caracterizadas como informales, y nada más que eso. Es decir, implica lisa y llanamente darle un aval institucional y gubernamental a la precarización laboral. Es la política de cooptación al Estado y embellecimiento del trabajo informal de los “movimientos sociales” que tienen una oficina al lado de la del ministro Daniel Arroyo.

Por supuesto, los anuncios oficialistas lo presentan con bombos y platillos como “una herramienta que permitirá acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación”, (Página 12). La argumentación continuó en la perorata de funcionarios como Arroyo o dirigentes oficialistas como Emilio Pérsico que hablan de “registro masivo”, “instrumentos de apoyo y acompañamiento”, “primer paso” e incluso “trampolín para construir un nuevo derecho”.

No hace falta hacer deducciones complejas para darse cuenta que el gobierno y sus amigos del oficialismo venden humo para la tribuna. El Registro no hace más que legitimar el desamparo de millones de mujeres que se sometan a la explotación de su cuerpo pero que con el apoyo del Ministerio podrían hacerlo legalmente. El gobierno busca alistar para darle un marco formal a la prostitución, sin poner un peso para garantizar sus derechos, sin invertir para modificar las condiciones materiales reales de las mujeres, trasvestis y trans en situación de prostitución. Chamuyar no cuesta nada.

En el nombre del padre

Como dijimos anteriormente, en el formulario de inscripción la categoría “Trabajadora sexual” fue eliminada a las pocas horas, luego del revuelo que la iniciativa generó en las redes sociales. El argumento desde el Ministerio fue que por el debate generado decidieron armar una mesa de trabajo con representantes de distintos ministerios y organizaciones sociales pero que mientras tanto la categoría sería eliminada y aparentemente también de forma momentánea la inscripción general al registro.

Pero a Arroyo y compañía no les interesó mucho el debate y la pluralidad de ideas, sino que el problema que al gobierno le generó puertas adentro. Ocurre que Gustavo Vera, operador papal y militante antiderechos, hoy desempeñando su rol de funcionario gubernamental en el “Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas”, mostró su oposición a la iniciativa, y se atribuyó a sí mismo a través de Twitter una charla con Arroyo para que la misma quedara depuesta, al menos por un tiempo.

Esto pone arriba de la mesa una problemática de fondo: Vera se opone a la iniciativa no por pelea contra la precarización laboral sino por lobbista de la iglesia. En tal sentido, el debate entre Georgina Orellano y el exjefe de la Alameda en las redes sociales muestra una falsa dicotomía entre el aval a la precarización laboral y los intereses del clero. La misma se da al interior del gobierno, sostenido un feminismo que avaló “mezclar los pañuelos verdes con los celestes”. La necesidad de pelear por los derechos de las mujeres, trans, travestis en situación de prostitución requiere la construcción de una salida independiente.

Una deliberación y la necesidad de una salida

Es claro que dentro del gobierno no hay un debate que incluya una solución verdadera. El problema no pasa por reconocer a la explotación sexual como trabajo en un papel y mucho menos bajo el eufemismo de “economía popular”. El Estado reconoce la labor de las empleadas domésticas como trabajo pero no por eso deja de ser garante de su precarización (y hasta les niega, en tiempos de pandemia, el acceso a la IFE). Nada tiene de popular la informalidad.

Resulta fundamental, en tal caso, que se provean recursos para garantizar el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y demás condiciones materiales además de garantizar la posibilidad de acceder a trabajo genuino. En este contexto donde el gobierno descarga la crisis sobre el conjunto de lxs trabajadorxs exigimos que se garantice subsidios y seguros de desempleo para todas las mujeres en situación de prostitución. El acceso irrestricto a la IFE y su aumento a $30.000 para todxs lxs trabajadorxs informales, monotributistas y desocupadxs que lo soliciten.

Entendemos que el debate no puede radicar en un cuestionamiento ideológico o moral sobre si corresponde hablar de trabajadoras sexuales o mujeres en situación de prostitución. Combatimos el embellecimiento de la prostitución no porque entendamos que “son víctimas pero no lo saben”, sino porque niega que lo que prima en su práctica, incluso cuando esta es voluntaria, es la violencia: violaciones sistemáticas, abusos, incremento de las ganancias de proxenetas y capitalistas, etc.

En tal sentido, entendemos que esta discusión genera una deliberación no solamente en quienes ejercen la prostitución, sino que incluso es un debate que atraviesa al conjunto del movimiento de mujeres y disidencias, las trabajadoras, la juventud. Desde nuestra corriente, entendemos que es fundamental que lo llevemos a fondo, asentándonos en la necesidad de dar la lucha contra el Estado (no dentro de él) con un programa de independencia política. Llamamos a todxs a ello.