17 años después del crimen de la joven Natalia Melmann y luego de años de chicanas y dilaciones judiciales, el Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 de Mar del Plata a cargo de los jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquet y Jorge Peralta absolvieron al policía femicida Ricardo Panadero con un fallo absolutamente vergonzoso. Afuera, más de 250 personas que se movilizaban en reclamo de justicia fueron reprimidas con balas de goma por la Policía Bonaerense.



El 4 de febrero de 2001 Natalia Melmann, de 15 años, fue violada y asesinada salvajemente por al menos 5 policías de la Bonaerense. Durante 4 días ocultaron su cuerpo para luego plantarlo en el vivero municipal. La movilización popular posibilitó que su cuerpo apareciera.



En el año 2002 tres de esos policías, Suarez, Echenique y Anselmini fueron condenados a prisión perpetua quedando pendiente la investigación de la participación de Ricardo Panadero. También fue condenado el “Gallo” Fernández, un “buche” de la Bonaerense, a quien la justicia luego le redujo la pena a 10 años de prisión.



El juicio a Panadero



La valoración de la prueba en este último proceso fue en su totalidad inclinada en favor de Panadero. Dejaron de lado el ADN que probaba el abuso sexual y minimizaron las declaraciones testimoniales de los testigos que lo señalaban como uno de los coautores del crimen.



La impunidad y la complicidad del Estado han estado presentes desde el mismo momento en que le arrancaron el futuro a Natalia: el ocultamiento del cuerpo, el quinto ADN que nunca se detectó, las amenazas constantes a la familia de Natalia (que debió irse de la ciudad porque le hicieron la vida imposible), las idas y vueltas judiciales en las que los mismos jueces los beneficiaron con el 2×1, luego revocado.



Hoy además, los tres policías condenados gozan de salidas transitorias.



Los asesinos de Natalia cuentan con un sistema judicial y policial que los protege.



Esta justicia es la responsable de la naturalización de la violencia hacia la mujer, que con sus fallos expresan que la vida y la integridad de las mujeres no valen nada. Por ello es necesario la revocabilidad y elección de los jueces mediante el voto popular para poner un límite a tanta impunidad, colocando bajo nuestra vigilancia su accionar.



El fallo arbitrario será apelado así que 17 años después continúa la lucha por justicia por Natalia.



Ni una menos, el Estado es responsable.