El juzgado federal 1 de Salta rechazó la medida cautelar que pedía suspender la aplicación de la ley de aborto legal, por considerar improcedente, en virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación en el precedente “Thomas” del año 2010. Sin embargo, queda aún por resolver la cuestión de fondo, que es el pedido de inconstitucionalidad.

El precedente Thomas se generó en el 2010, cuando el diputado Thomas de Mendoza, pidió suspender la ley de medios. Aquella vez la Corte Suprema rechazó el pedido, por considerar que lesiona el ejercicio de los poderes constitucionales y la división de poderes del estado y que no es válida la posibilidad de suspender o incluso derogar una norma legal con efecto “erga omnes” o sea, es una ley de aplicación general.

Luego de la promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los celestes salteños ampliaron la presentación que ya habían realizado, contra el protocolo nacional ILE, con una cautelar, donde pedían suspender, hasta tanto se instrumente, informar a la mujer que solicite un aborto legal de los riesgos y traumas que la práctica acarrea y también que se le haga escuchar el latido del corazón y la entrega de una ecografía. Todas maniobras de los anti derechos, que utilizan en otros países, donde el aborto es legal, para atemorizar a las mujeres y hacerlas desistir de abortar, aunque curse un embarazo producto de una violación.

Hasta aquí, es un revés importante a las acciones reaccionarias de los celestes, que pretenden golpear el derecho al aborto legal con chicanas judiciales. Sin embargo, la maniobra en tribunales sigue.

No está nada terminado, tenemos que seguir batallando contra las maniobras judiciales, pero sobre todo contra las trabas incluso creadas por la propia ley, como la objeción de conciencia. El director del hospital Materno Infantil, informó a los medios que el 95% del plantel médico es objetor, e incluso, el ministro de salud, el Dr Esteban, se declaró públicamente pro vida. Esto último, no es una objeción personal cualquiera, sino política.

Ademas del cumplimiento de la ley por parte de la salud pública, aun no se sabe que hará el IPS, la principal obra social de Salta, porque tiene de afiliados a la totalidad de los trabajadores estatales. ¿Cómo garantizara las derivaciones que la ley le habilita? Las trabajadoras no pueden ser desamparadas.

El movimiento de mujeres debe tomar nota de todo esto y mantener la lucha en la cresta de la ola verde. Vamos por todo un pliego para que la ley sea de cumplimiento efectivo. Nuestro derecho se tiene que cumplir en todos los hospitales de la provincia, hasta en los pueblos más alejados, sin obstáculos de ningún tipo.