Lucía, compañera del Plenario de Trabajadoras de San Antonio Oeste es víctima de violencia de género desde hace más de 6 años. Quien fuera su pareja no ha dejado de hostigar, a ella y su familia. Lucía hace 3 años que cuenta con custodia y un policía que la acompaña día y noche. Como manifestara en Prensa Obrera” “El acusado, a pesar de tener una enorme cantidad de denuncias y una orden de restricción (permanentemente violada), nunca fue detenido, transitando libremente y armado por las calles de la ciudad.”

“No puedo realizar mis actividades, ni vender productos en la feria, me la paso encerrada porque si me voy de la casa el custodia va conmigo y dejo desprotegida a mi familia” manifiestó en aquel momento.

La lucha incansable durante años en las calles de la localidad, por redes y un tortuoso desfile por juzgados y dependencias judiciales denunciando el accionar tardío e insuficiente del Estado, ha llevado a que hoy la justicia siente un precedente importantísimo para la provincia de Río Negro, que se le asigne la custodia policial personal al victimario y no a la víctima, lo cual le permitiría, a Lucía poder circular sin ser custodiada y revictimizada.

 

La resolución fue tomada por la jueza a cargo del juzgado Civil, Comercial, de Minería, Sucesiones y Familia N° 9, Vanessa Kozaczuk, haciendo lugar a lo solicitado por la denunciante. Se dispuso la implementación de la medida, en principio por 120 días a fines de que la víctima pueda tener una vida libre de violencia.

“No podemos vivir encerradas, que el violento sea el custodiado y se le obligue a cumplir de forma efectiva la perimetral de prohibición de acercamiento en un radio de 500 mts. Que sea él el que tenga que decir a dónde va y que los vecinos y la sociedad empiecen a saber quiénes son los agresores para que pueden cuidarse de ellos” declara Lucía.

Aun así, Carlos Herrera, el agresor, sigue violando lo establecido por la justicia, incumpliendo la medida ordenada por la jueza, por lo que se presentó una nueva denuncia a través de la defensora Yaltone para que se extremen las medidas implementándose el sistema dual, de tobillera y botón antipánico.

El Estado fracasa frente a esta violencia porque su orientación de fondo, la que guía sus actos, no es la de cuidar a las mujeres y promover una sociedad más justa. La orientación que prima con el ajuste y el cumplimiento con el FMI, es la de cuidar intereses capitalistas ajenos a la realidad de las mujeres. No hay presupuesto ni voluntad política para enaltecer la tarea profesional de asistir a víctimas, caracterizar de manera profesional la peligrosidad de violentos, evaluar situaciones y contextos, acompañar un proceso de deconstrucción o evitar que un violento se convierta en femicida.

“No quiero que mi cara aparezca en la tapa de un diario como una muerta más” expresa Lucía. A casi dos años de creado el «Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad» presentado como herramienta fundamental para combatir una violencia, el movimiento de mujeres viene denunciando en las calles masivamente la situación sólo se agravó.

Desde el Plenario de Trabajadoras planteamos la creación de un fuero único para recibir e investigar las denuncias por violencia de género y la elección por voto popular de jueces y fiscales, con mandato revocable, fundamental para una reorganización del sistema judicial, que lo sustraiga de su rol de sostén de gobiernos ajustadores y promotores de la violencia y para que seamos las propias mujeres las que fijemos las políticas concretas para enfrentar la violencia.

Pongamos en pie un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, organizado de manera independiente de los gobiernos y de las iglesias, electo y con presupuesto estatal, para un verdadero abordaje de las denuncias del movimiento de mujeres.

Vivas nos Queremos. El Estado es responsable.