Daniel Molina, un expolicía y empresario inmobiliario que es candidato a intendente por "Nuevo Oro", la fuerza política que Javier Milei abrió en la localidad rionegrina de General Fernández Oro -de la mano de Ariel Rivero, su candidato a gobernador en Río Negro-, fue apuntado como uno de los involucrados en el femicidio de Otoño Uriarte, por la querellante en el caso Gabriela Prokopiw. El crimen ocurrió hace 16 años, y también se apuntó contra el comisario Vallejos.

La abogada pidió autorización a la jueza de garantías Laura Gonzalez Vitale para tomarles declaración, porque el secuestro de los partes de la comisaría muestran inconcistencias en los horarios de los funcionarios en las horas previas y posteriores a la desaparición de la adolescente. Daniel Molina en ese entonces era chofer del comisario Vallejos.

El informe del perito Enrique Prueguer apunta contra los dos expolicías de Fernández Oro. Tambien se sindicó a una mujer que regenteaba chicas en un prostíbulo de Neuquén.

Se aseguró que Daniel Molina montó un taller mecánico en las inmediaciones de una chacra donde se supone que estuvo retenida Otoño Uriarte. Allí aparecieron rastros de sangre y del celular de la joven. Además se arreglaban móviles policiales y se contaba con un aljibe, según Prokopiw. Sugirió que allí pudo haber estado sumergido el cuerpo de la víctima antes de trasladarlo a la usina del paraje El Treinta, donde finalmente apareció. Alegó cuestiones técnicas que están en la autopsia para este pedido, y también pidió una serie de allanamientos.

La abogada mencionó otra chacra, en la que vivía uno de los imputados, que se encuentra en litigio con los sucesores del fallecido burócrata del sindicato obrero de la fruta y exdiputado Rubén López. Ese lugar se incendió, aunque Prokopiw cree que hay un sótano donde también pudo estar oculta Otoño Uriarte.

Justicia por Otoño Uriarte

Otoño desapareció el 23 de octubre del año 2006 y su cuerpo fue encontrado seis meses después, en abril del 2007. El femicidio puso sobre la mesa la podredumbre de todos los poderes del Estado, sacó a la luz el funcionamiento de redes de trata de personas para explotación sexual y expuso el aceitado mecanismo de connivencia y resguardo de las redes de trata por parte de funcionarios, políticos y judiciales, y policías que impusieron la impunidad en la causa.

La querella de la familia sostiene fuertemente la teoría de que a Otoño la secuestraron para la red de trata que funcionaba en Neuquén, La Pampa y Río Negro, un secreto a voces en la región. Es por esto que las medidas pedidas por la querella son fundamentales ya que durante 16 años de idas y vueltas en la investigación solo se fue perpetuando la impunidad de los responsables.

El 8 de marzo levantamos el reclamo de Justicia por Otoño, y lo seguiremos haciendo hasta llevar al banquillo de los acusados a los responsables materiales e intelectuales.

Desmantelamiento de las redes de trata. Basta de impunidad.

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