Rocío Magalí Vera tenía 14 años. Desapareció en la madrugada del domingo 12 de julio, en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe. La denuncia fue radicada por su familia ese mismo día, pero la difusión de su búsqueda fue demorada por los responsables estatales, como ya ocurrió en otros casos. Finalmente, la noticia de su muerte, que luego se constataría como asesinato, llegó el lunes 13 por la tarde.

Por el crimen de Rocío fueron detenidos, en primer lugar, dos menores y con el correr de las horas llegaron a siete personas, entre ellas cinco adultos que están ahora bajo jurisdicción del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Aldo Gerosa. La causa se encuentra desdoblada entre el juzgado de menores y fiscalía general.

De la autopsia, realizada el día martes por la tarde mientras transcurría una enorme movilización popular, se confirmó que murió defendiéndose de una violación grupal, que también le provocó un aborto, porque Rocío, con 14 años, estaba embarazada de dos meses. Fue brutalmente golpeada, principalmente en la cabeza y maxilar. Su muerte fue con agonía.

De las testimoniales se supo que el hecho se produjo en un local abandonado, que fue tomado unos meses antes como aguantadero por los autores del crimen. El cuerpo de Rocío fue arrastrado y depositado en el fondo del sitio. Un verdadero horror.

El Estado abandonó a Rocío

Las hermanas de Rocío Vera publicaron su foto y algunos datos en “los compra-venta de Facebook” y de ahí comenzó a replicarse lentamente la búsqueda, ya que solo había trascendido oficialmente la búsqueda de otra adolescente que afortunadamente regresó a su casa.

Ese lunes fatídico, el cuerpo de Rocío, desnudo y golpeado, fue hallado por su hermano en un descampado del Barrio Carmen Luisa, lindante al local conocido como “ex Despensa Santa Rita”, ya que tenía sospechas de que la joven podría estar ahí. Algunos familiares incluso mencionaron que avisaron de esta posibilidad a la policía, pero no tuvieron respuestas.

Ni bien se supo el desenlace y bajo la conmoción que generó su crimen, el Movimiento de Mujeres de Reconquista convocó a movilizar a la Fiscalía Regional de la ciudad y luego marchar hacia la Unidad IX de policía, con el estupor y la bronca que generó el hecho. Lo propio hicieron desde la Vecinal del Barrio donde vivía parte de la familia de Rocío, quienes llamaron a convocarse en una intersección, desde donde luego se marchó de a tramos en silencio y de a tramos a los gritos de ¡Rocío Vera, presente!, hasta el lugar donde fue encontrada.

La enorme cantidad de personas que se congregaron el martes 14 representa una de las convocatorias más masivas que se diera en los últimos años en la ciudad: un fenómeno que revela a todas luces la preocupación creciente ante el destrato estatal hacia las infancias y adolescencias y la violencia de género, que se fue agravando en el contexto de la pandemia y de la cuarentena.

Justicia es terminar con la barbarie que lastima a la juventud

El viernes 17 de julio se llevó a cabo la audiencia imputativa y cautelar a los cinco adultos que se encontraban detenidos. Se les atribuyen los delitos de “homicidio triplemente agravado -por mediar violencia de género, femicidio- por la intervención activa de menores de edad y críminis causa, en concurso real y por abuso sexual agravado (por ser cometido por dos o más personas y por la intervención activa de dos menores de edad)”. Estos quedarán con prisión preventiva sin plazo.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Claudia Bressán, a raíz del pedido formulado por el fiscal Aldo Gerosa, en la audiencia realizada en forma remota a través del dispositivo Zoom.

Algunas similitudes en el caso de Rocío Vera nos remite inmediatamente al femicidio de Chiara Páez ocurrido en Santa Fe en 2015 y que catalizó el primer grito por Ni una Menos. Chiara era una adolescente oriunda de Rufino, quien también estaba embarazada y fue asesinada por su novio, en este caso, para terminar brutalmente con el embarazo que cursaba y para lo cual contó con la ayuda de su familia que ocultó su cuerpo en el patio de la casa de su abuela.

Hace cinco años dijimos Ni una Menos, marcamos las necesidades materiales para emancipar a las mujeres de las violencias que desata el régimen de opresión social capitalista sobre nuestros cuerpos, crecimos en organización y lucha, pero el Estado sigue perpetuando la misma política criminal.

A su vez, el lugar donde se produjeron los hechos estaba señalado desde hace tiempo como un nicho de violencias. Según contaron los mismos vecinos del barrio Carmen Luisa, hay un historial de abuso y vejaciones en la casa que usurparon, donde se producían hechos de maltrato animal, robo y narcomenudeo. Todo esto a ojos vistas de las autoridades municipales y policiales y con denuncias recurrentes de los vecinos, lo que da cuenta del entrelazamiento del delito con las fuerzas represivas y la continuidad de las zonas liberadas. Este crimen se inscribe de lleno en la responsabilidad del Estado.

Desde finales de marzo, momento en que se decretó el aislamiento social obligatorio, los organismos principales que deben atender la situación social y de emergencia en Reconquista, tales como Desarrollo Humano, el área de Niñez y Familia, están cerrados. Para hablar con los funcionarios y solicitar algún tipo de asistencia solo se habilitaron líneas telefónicas que en reiteradas ocasiones no eran atendidas.

Tal gravedad reviste la situación de vaciamiento de estas áreas claves, que algunas trabajadoras fueron enviadas a realizar operativos de control en rutas y bulevares por el Covid-19, dejando de ocuparse de la cantidad de situaciones que se replican a diario entre las familias más vulnerables.

Ni una Menos, el Estado es responsable

El crimen de Rocío es un mazazo que aún no alcanza a golpear al poder político local, que se hace el desentendido ante el vaciamiento de organismos, falta de presupuesto y dispositivos inmediatos que aborde la enorme crisis social de desocupación, miseria, salarios de hambre y violencia. Que afecta especialmente a las infancias y adolescencias, mayoría entre pobres e indigentes en nuestro país y el mundo.

Por eso es muy importante ver cómo se fue desenvolviendo el reclamo desde el barrio, que lejos del pedido de “mano dura” se movilizó denunciando las responsabilidades del Estado ante las infancias, adolescencias y minorías.

Terminar con este sistema de opresión exige de todo nuestro esfuerzo militante para crear un frente entre las organizaciones de mujeres, disidencias y niñez, trabajadorxs de organismos, como así también la vinculación inmediata con los familiares de víctimas de impunidad y los que sufren el desamparo en todos sus términos. Justicia por Rocío.

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