Hace 4 años que Yamila es perseguida judicialmente. En 2012 sufrió un parto adelantado en su casa, en un contexto traumático de separación de una pareja que infligía violencia sobre ella y con una criatura de 14 meses. Estuvo detenida por 9 meses. En 2013 fue desvinculada del delito de “homicidio agravado”, pero en 2014 una apelación fue resuelta en Cámara en su contra. En mayo fue dispuesta la prisión domiciliaria por un delito de “comisión por omisión”. La prisión domiciliaria se efectivizó en octubre de 2014. Dos fiscales mujeres que pasaron por la causa actuaron en contra de ella. Cuando se produjo el parto adelantado Yamila tenía 19 años. Hoy es una joven de 23 años.

La prepotencia estatal contra las mujeres indefensas es más fuerte cuanto más servil es el poder judicial al poder de turno. Jueces y juezas bravos con las pibas pobres y sumisos y obedientes con los delitos como el narcotráfico y la trata que provocan la inseguridad social permanentemente y que tienen a policías y políticos como centro de su arquitectura.

Como ocurriera con el caso de Belén, las autoridades políticas que debieran anoticiarse de situaciones de persecución judicial y manifestarse y actuar frente a ellas, han callado. El poder político provincial es cómplice de la arbitrariedad judicial.

Los ministros de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y del actual, Miguel Lifschitz, han hecho silencio frente a este atropello judicial. De la misma manera actuaron las autoridades políticas de la provincia de Tucumán, sin siquiera dictar alguna indicación administrativa para evitar que se produzcan nuevas delaciones hospitalarias, al servicio de la estrategia jurídica de sectores que defienden la penalización del aborto sobre la base de la persecución de mujeres desprotegidas.

Hace una semana el Consejo Nacional de las Mujeres presentó un amicus curiae para reclamar que cese la persecución judicial, las acusaciones basadas en especulaciones no comprobadas en el expediente y que Yamila sea liberada. Viniendo del gobierno nacional, dicha protesta, justa en sus términos, no debe hacer olvidar que dicho gobierno apoya la práctica clandestina del aborto, que en el distrito del que salió el presidente –la Ciudad de Buenos Aires– rige un protocolo totalmente violatorio para la atención del aborto no punible. Dicho protocolo fue creado por el actual Ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus. Tampoco debe dejarse pasar que las causas abiertas en la justicia sobre aborto no son objeto de ningún tipo de opinión o revisión por parte del Ministerio de Justicia de la Nación ni ahora ni con el gobierno precedente.

Organismos como Amnistía Internacional aseguran que sólo en la provincia de Tucumán habría unas 600 causas abiertas relacionadas con acusaciones de diferente tipo sobre prácticas de abortos.

Las persecuciones en los estrados judiciales no son cosa exclusiva de los tiempos que corren. En el pasado sectores que hoy se suman a las campañas de denuncia como las de Belén silenciaron sus quejas en defensa de proyectos políticos que encarcelaban mujeres como ocurrió en 2014 en Bariloche, Río Negro con Melisa y en Jujuy con Soledad y sus amigas.

La lucha por la liberación de Yamila, debe seguir los pasos de la pelea dada para que Belén fuera liberada. De manera independiente de los poderes de turno, única manera de no permitir que nunca más se despliegue un manto de silencio sobre las injusticias cometidas por el Estado contra las mujeres trabajadoras.

El martes 6 nos movilizamos a los Tribunales reclamando su libertad.

Libertad a Yamila ya! Basta de persecuciones.