Este domingo fue detenida Irene Cari,  presidenta del Foro de Mujeres Por la Igualdad de Oportunidades, cuando acudió a la comisaria de Villa Palacios, para denunciar la aparición de una niña judicializada que se había escapado de un hogar dependiente del estado.

El procedimiento fue violento e irregular, Cari denuncia que la policía quería obligarla a firmar un documento donde entregaba a la niña, a las 2hs de la madrugada, sin la presencia del juez de menores, ella se negó y por eso decidieron detenerla. Se le secuestraron sus pertenencias personales y fue llevada esposada. Aún no está claro que tipo de imputación se le quiere hacer, porque obviamente actuó en protección de la niña y no obstaculizó el accionar de la justicia. 

El movimiento de mujeres de Salta actuó rápidamente exigiendo la libertad de Cari y repudiando cualquier tipo de judicialización, porque sabemos que es muy común que las mujeres que sufren violencia de género o familiar acudan a las organizaciones de mujeres para tener un acompañamiento o una contención. La judicialización de Cari es también para golpear al movimiento de mujeres, que ante el crecimiento de las denuncias por violencia de género en el marco de la cuarentena arman redes para dar contención a las víctimas.

Otro gran tema es la situación de los hogares y dispositivos judiciales para los menores de edad, que son un verdadero agujero negro, nadie sabe que sucede allí adentro, lo cierto es que durante el gobierno de Urtubey, todos los hogares de menores incluida la Casa Cuna, dependían del ministerio de Primera Infancia bajo la dirección de Abeleira, un militante del Opus Dei del grupo del oscurantista doctor Abel Albino. 

Nunca se esclarecieron los graves hechos que ocurrieron en ese periodo, que incluyen suicidios de niños y fugas masivas. En el 2016 una niña de 15 años que se había fugado apareció asesinada en un aguantadero. 

Sáenz no cambio nada de toda esa estructura, solo hizo un traspaso de dependencia política, disolvió el ministerio de Primera Infancia y los hogares siguen igual, sin personal profesional permanente. Los chicos están solos con operadores, que en la mayoría de los casos son personal contratado sin estabilidad laboral. 

Llama la atención la virulencia con la que actuaron para con Cari, que dio protección a una niña que no encontró la contención en un hogar que es de absoluta responsabilidad del estado. 

Desde el Partido Obrero repudiamos todo tipo de persecución y judicialización a Irene Cari y las activistas por los derechos de las mujeres y niñes. 

Exigimos que el ministro Villada y la secretaria de Derechos Humanos respondan inmediatamente sobre la situación de la niña y del hogar Acuario. Qué tipo de asistencia se le brinda y qué medidas se tomaron en los hogares en el marco de la cuarentena, donde los niños sufren un régimen semi carcelario.