La defensa de la doctora Miranda Ruiz, denunciada por hacer una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el hospital de Tartagal, solicitó el sobreseimiento para evitar que el caso sea elevado a juicio. Sin embargo, la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados de Tartagal, a cargo del fiscal Gonzalo Vega, decidió ampliar la imputación a la figura de aborto sin consentimiento. El fiscal toma la denuncia realizada por la tía de la mujer, quien dice que la paciente se arrepintió de haber solicitado la práctica.

El caso es uno de los más groseros en cuanto a la acción represiva y punitiva para con una profesional que llevó adelante una práctica médica legal; incluso llegó a estar detenida. Miranda Ruiz es la única médica no objetora del hospital de Tartagal. Atendió el caso de la paciente en el mes de agosto y se siguió todo el procedimiento del equipo de salud para la práctica de ILE, la Interrupción Legal del Embarazo con causales.

Incluso, en la historia penal argentina, los únicos casos en donde una paciente es obligada a abortar resulta inducida o amenazada por familiares o la pareja, nunca por el médico, que en este caso no tiene ninguna relación personal con la paciente.

La justicia anti derechos y clerical de Salta busca intimidar a los profesionales de la salud (que en algunos casos, se declaran objetores por temor a ser judicializados). El objetivo de fondo es golpear la ley de aborto legal.

La situación de la provincia en cuanto al cumplimiento de la ley es muy crítica; incluso el Ministerio de Salud permite que el director del Hospital Materno Infantil difunda información falsa, para crear una corriente de opinión en contra del aborto legal. Hace unos días dijo a los medios de comunicación que el Hospital Materno Infantil atiende 40 abortos por semana y que por eso están desbordados; que los médicos, en vez de atender otros pacientes, atienden abortos hasta las 14 semanas en el hospital y a los que pasan el tiempo los derivan al hospital central de Tucumán, porque los médicos se niegan a hacer ese tipo de interrupciones. Llegó a decir que derivaron a la vecina provincia abortos voluntarios de 32 semanas.

Todo el repudio a la justicia salteña, que busca golpear un derecho de las mujeres conquistado con muchos años de lucha. Absolución inmediata a la Dr Miranda, una medica no objetora del hospital de Tartagal que realizo una ILE @RominaDelPla @vaninabiasi https://t.co/OTfebj99HO

— Gabriela Cerrano (@GabrielaCerrano) November 23, 2021

No existe aborto voluntario de ese tipo, la ley es muy clara, es hasta las 14 semanas. Lo que describe el médico son pedidos de ILE, abortos con causales, que en su mayoría son terapéuticos, porque está en riesgo la vida de la madre.

La jefa del programa de salud reproductiva desmintió al director del hospital. En primer lugar, porque son apenas 2 los médicos no objetores y no llegarían jamás a atender la cantidad que dice el director, y por otro lado, los centros de salud atienden de manera ambulatoria los pedidos de IVE solo hasta las 12 semanas; pasadas las 12 semanas lo sigue el hospital central.

Por otro lado, si fuera cierto que hay tantos pedidos, en realidad daría cuenta de lo endeble de los programas de salud reproductiva en cuanto a la prevención y también el verdadero impacto que tenía el aborto clandestino en Salta, que nunca se pudo conocer cifras exactas.

Nos sumamos a la campaña nacional por el sobreseimiento de la Dra Miranda, denunciamos al gobierno de Gustavo Sáenz como responsable de esta persecución.