A casi cinco años de la desaparición de Marcela Mamani, se realizó un juicio inédito en Salta, con la carátula “homicidio simple” sin que haya aparecido el cuerpo. Se condenó a 16 años de prisión a Javier Aramayo.

 

Marcela era una joven madre, tenía 25 años, un hijo de 5. Víctima de violencia, denunció a su pareja por golpes y amenazas. El no es cualquier golpeador, ya tenía antecedentes y estuvo imputado por el crimen de Patricia González en 2008. Sólo fue absuelto por el beneficio de la duda.

 

Mamani desapareció el 16 de febrero de 2012, allí empezó el derrotero de su madre, Carmen, para encontrarla. Como ocurre con los casos de desaparición, la policía no quiso tomar la denuncia por diez días, a pesar de los antecedentes violentos de Aramayo. Policías de la comisaría de San Remo, lo pusieron sobre aviso de que Marcela estaba siendo buscada por su familia. Nunca se investigó la responsabilidad de estos policías.

 

Cuando, finalmente, por insistencia de su madre, tomaron la denuncia, un fiscal ordenó la detención de Aramayo, días después el juez Martín Perez, el mismo que garantizó impunidad en el caso de las turistas francesas, lo liberó por falta de pruebas.

 

Aramayo estuvo libre más de un año, cuando el caso pasó a otro juez, aparecieron elementos nuevos y se ordenó nuevamente la detención. Apareció un informe de una asistente social, que entrevistó a Marcela en 2010 luego de que sufriera una brutal golpiza, con estrangulamiento y amenazas de muerte. El informe refiere que Aramayo se jactaba de su impunidad cuando había cometido el crimen de Patricia González en 2008. La profesional reclamaba protección para Marcela…

 

El Estado no investigó nada, estos informes ya estaban producidos cuando Marcela desaparece.

 

Se realizaron rastrillajes y excavaciones y el cuerpo nunca apareció.

 

Desde la bancada del PO acompañamos desde el primer momento a Carmen, la madre de Marcela, que se sumó a la Comisión de Familiares contra la Impunidad y en todo momento denunció el accionar de la policía y de la Justicia salteña que no protegió a su hija. El año pasado, luego de una enfermedad terminal, falleció sin saber qué pasó con su hija.

 

El juicio

 

En el juicio se dieron contundentes testimonios del calvario que sufrió Marcela. Un testigo, que actualmente está detenido, declaró que Aramayo vendía droga y reconoció ante él que mató a Mamani y arrojó su cuerpo al río Arenales.

 

En la lectura del fallo se ordenó la investigación de la fuerza policial por la “posible comisión del delito de acción pública” y a Javier Aramayo se lo condenó a 16 años de prisión efectiva.

 

La organización independiente del Estado

 

El caso Mamani muestra muy claramente la responsabilidad del Estado en cuanto a la violencia que sufren las mujeres. La víctima denuncia, hace todo el recorrido judicial y los pasos burocráticos, nadie hace un seguimiento de cómo está la víctima ni hacen un seguimiento al violento. El gobierno de Urtubey tomó medidas como la emergencia en violencia de género, la creación de juzgados y fiscalías específicas; sin embargo, los casos como el de Marcela Mamani siguen ocurriendo. Marcela es una de las de cien mujeres que fueron asesinadas desde que gobierna Urtubey. El Estado es el primer responsable.

 

Quedó demostrada la enorme importancia de la organización independiente del Estado, la condena a Aramayo es una conquista de la lucha de la Comisión de Familiares contra la Impunidad que, junto a la madre de Marcela, reclamó con insistencia la resolución del caso.

 

Esta desaparición y crimen tiene un condenado material, pero la responsabilidad del Estado sigue impune. En el Senado está pendiente mi proyecto de ley para garantizar la búsqueda inmediata de las mujeres que desaparecen.