Está en curso una investigación a cargo de la fiscal penal y de Violencia Familiar y Género, Lorena Martínez, hacia un médico ginecoobstetra que trabaja en una clínica privada y también en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Este médico le habría pedido $20.000 o encuentros sexuales para realizar un aborto a una adolescente de 15 años y también a otra joven de 31 años. Esta última, por desconocer la ley, accedió a pagar la suma de dinero. El profesional se declaró objetor de conciencia, apenas se promulgó la ley IVE.

La denuncia la radicó una profesional del hospital Perón, hace 6 meses, quien atendió a la adolescente, que además es víctima de violencia familiar. También atendieron a otra mujer que relató lo mismo. Inmediatamente cursó una nota a la gerencia del hospital informando sobre la situación.

La denuncia es muy grave porque este médico, además, no cumple los protocolos del Ministerio de Salud, ni las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya que realizaba legrados. En el caso de la mujer de 31 años, que pagó por el aborto en la parte privada, luego ingresó al hospital público con fiebre y fue internada. El médico se presentó en su habitación y le realizó un tacto sin su consentimiento. Cualquier mujer que lea esta nota lo comparara con una película terror.

Hasta el momento no se conoce qué medidas tomará el Ministerio de Salud provincial. Trascendió que hubo apenas una notificación para dar curso a un sumario administrativo, aunque claramente estamos ante un delito grave. El actual gerente del hospital Perón es el exsenador del departamento San Martín, Santiago Payo, un antiderechos celeste puro. Luego de seis meses y ante la repercusión que tomó el caso, Payo decidió suspender al médico denunciado.

6 meses después de informado este grave hecho, recién ahora lo suspenden. Exigimos que se investigue a fondo cuantas mujeres más fueron víctimas de este sinvergüenza celeste. https://t.co/0AEDT24Hiv

— Gabriela Cerrano (@GabrielaCerrano) April 28, 2021

Por su parte, el director del Hospital Materno Infantil de la capital salteña insiste en los medios de comunicación en que el hospital está colapsado porque le derivan casos de la parte privada y todos los hospitales que en su mayoría son objetores. En el Hospital Perón de Tartagal hay una sola profesional no objetora. Aunque el reclamo debería estar dirigido al ministerio para que garantice la práctica con médicos no objetores en todos los hospitales de la provincia, él reclama que se restrinja el artículo 4, porque no tiene fecha límite y que incluso solicitan abortos de 28 semanas. Si se revisa el texto de la ley, los abortos permitidos por fuera de las 14 semanas son los abortos con causales, no la interrupción voluntaria.

Cuando se promulgó la ley el gobierno provincial puso en su página web, que se cumpliría con lo establecido en la ley IVE, hasta las 12 semanas en los centros de salud y semanas 13 y 14 en los hospitales. Nada de eso se está cumpliendo, ni siquiera la verificación de que médicos como el de Tartagal, sea objetor en el hospital público y no en la clínica privada. De hecho, están permitiendo que sigan haciendo abortos clandestinos como cuando no había ley. No podemos admitir que ocurra ningún abuso de este tipo hacia las mujeres.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos al gobierno provincial que se dé cumplimiento efectivo a la ley IVE en todos los hospitales de la provincia, asimismo que realice auditorías para garantizar que los objetores de conciencia, sean profesionales o no, no incurran en violencia obstétrica ni abusos hacia las pacientes. La lucha no terminó con la aprobación de la ley, la marea verde tiene que expresarse nuevamente en las calles.

https://prensaobrera.com/mujer/cordoba-la-justicia-admite-un-amparo-contra-el-aborto-legal/