A minutos de la medianoche se conoció la noticia de que una mujer fue apuñalada por su expareja, que intentó quitarse la vida prendiéndose fuego. A la mañana se confirmó el fallecimiento de Graciela Flores de 44 años, quien no sobrevivió a las múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo.

Graciela, madre de 4 hijos, trabajaba en un hogar de menores dependiente de Desarrollo Social de la provincia, la institución está situada frente a la subcomisaría de barrio Castañares. El violento interceptó a Graciela cuando llegaba a su lugar de trabajo a cumplir con la guardia. Hasta el momento no se conoce si la víctima tenía denuncias previas realizadas contra su expareja, lo que sí se conoció es que ATE comunicó que la mujer era una trabajadora precarizada y que no contaba con obra social, ni seguro de vida, ni servicio de sepelio.

En este caso la trabajadora estaba siendo violentada también por el Estado, al tener tareas laborales en un hogar en donde hay niños y adolescentes judicializados, sin ningún tipo de derecho laboral. De ese hogar, hace unos años, se escapó una niña de 12 años y se suicidó arrojándose desde lo alto de un tanque de agua, en inmediaciones del mismo.

Ser operador en horas guardia en un hogar de menores es un trabajo que requiere mucha dedicación y responsabilidades. Es absolutamente repudiable que sus trabajadoras estén precarizadas, que ni tengan seguro de sepelio, desde ya, seguramente tampoco tenían ART.

Desde que se crearon los hogares o “dispositivos proteccionales”, acarrean toda clase de irregularidades: fugas de hogar, niños que se suicidan y reiteradas denuncias por trabajo precario. De hecho, esos hogares fueron creados para cumplir con lo que establecen las leyes de protección a niños y adolescentes en cuanto a la contención del Estado a nivel ejecutivo. Los hogares pasaron de la órbita de un ministerio a otro, sin regularizar la situación de sus trabajadores. La excusa de siempre es que ya no existe el ministerio original y la situación laboral de la persona empezaba de cero.

Finalmente, un brutal femicidio, destapa las múltiples violencias que sufre la mujer trabajadora. Mataron a una mujer que le dedicaba mucho esfuerzo a su trabajo para poder sostener a sus cuatro hijos, que hoy quedaron solos porque el mismo Estado que la tenía precarizada no la protegió para que siga con vida.

Basta de trabajo precario y de “carrera del precarizado”, pase a planta permanente de todes.

Por un consejo autónomo de la mujer para terminar con las múltiples violencias que sufren las trabajadoras.

Ni una menos, el Estado es responsable.