Una niña de 12 años de Las Lajitas cursa un embarazo producto de una violación. Hubo una solicitud de Interrupción Legal del Embarazo y el hospital de Las Lajitas y de Joaquín V. González se declararon objetores, negandose a realizar la práctica. El Ministerio de Salud no resolvió que se cumpla mediante una derivación o la disposición de un profesional no objetor. El estado permitió en este caso, que se imponga la objeción institucional por sobre los derechos de la niña.

Para la Secretaría de Derechos Humanos, las que naturalizan la maternidad infantil son las propias niñas. Esta barbaridad fue expresada por la secretaria Mariana Reyes en una entrevista al Tribuno el 11/10, cuando le consultaron por el caso: “hemos trabajado con la asesora (de Menores) de la zona, le hemos pedido que la acompañe. También interviene una psicóloga que pusimos a disposición y una abogada, responsable del Área de la Mujer de Quebrachal y Joaquín V. González, con lo cual hemos hecho un seguimiento muy cercano. Lo más doloroso tiene que ver con la naturalización de los abusos… en un contexto de absoluta vulnerabilidad, en el que ella manifiesta que quiere continuar con el embarazo”.

La intervención de la asesora de menores, la psicóloga y las responsables del área de la mujer de Quebrachal y de Joaquín V González, también fue en el mismo sentido de los objetores, porque concluyen en que la niña habría manifestado que quiere continuar con el embarazo y no vieron que la niña, además, vivía en un contexto de violencia familiar. Su padre fue excluido del hogar por darle una paliza días después de dar la conformidad para que su hija continúe con el embarazo.

Los que naturalizan la maternidad infantil son los funcionarios del Estado que intervinieron en este caso, no la niña. Una niña violada por un adulto, violentada por miembros de su propia familia, profesionales médicos y funcionarios objetores, no tiene la posibilidad de decidir libremente la maternidad. Si incluso le ocurriera a una mujer adulta, eso implicaría ir en contra de todo su mundo y del Estado.

Los dichos de la secretaria Reyes son en realidad argumentos para justificar al gobernador Sáenz para que no adhiera al protocolo nacional ILE, porque en el mismo está muy claramente expresado que no puede haber objeción institucional y el estado debe resolverlo en un plazo de no más de 10 días.

Por otro lado, la funcionaria, dice que en Salta si cumplen con la aplicación de ILE como lo dice el protocolo del 2015 y el Código Penal. Pero si tenemos niñas que reciben una información sesgada por objetores, claramente no se cumple, sobre todo en el interior donde hay mayores dificultades para acceder a la justicia y a la salud.

Otra perla es que la funcionaria enaltece que se haya prorrogado la emergencia en violencia de género porque refuerza todo lo ya hecho, siendo que una de las medidas de la emergencia fue la creación de los juzgados de violencia de género, que en el interior son los que no garantizan que se cumplan los ILE. También insisten en la implementación de la ESI con contenido transversal, cuando el ministro de educación es un hombre del opus dei, por lo tanto lejos está de dictar un enfoque laico y científico.

Al final de la entrevista, Reyes dice que “hay que reforzar mucho lo que tiene que ver con prevención, con promoción, con políticas públicas tendientes a la erradicación de la violencia. La sociedad tiene que tomar un rol preponderante y entender que todos tenemos que hacer algo”. Pues, la sociedad si está cambiando y se expresa masivamente en las calles, aún en un cuadro difícil con la pandemia, como ocurrió en Cerrillos, pidiendo que se esclarezca la muerte de Fabiana Arizmendi, quien apareció incinerada con nafta en un pastizal, y la familia denuncia que es un femicidio.

Los jóvenes demandan ESI laica, científica y respetuosa de la diversidad, la marea verde reclama por el aborto legal para terminar con los abortos clandestinos y las niñas obligadas a maternar. El que no cambia es el estado porque sigue siendo dominado por el poder político oligárquico que defiende la violencia de género como una forma de control social sobre las mujeres.

La naturalización de la maternidad infantil es una imposición del estado que tiene sus instituciones y poderes objetores de los derechos de las niñas a seguir siendo niña y de todos los derechos que exigen las mujeres y la diversidad.

Exigimos la inmediata adhesión al protocolo nacional ILE y el aborto legal para terminar con las vejaciones cada vez que una mujer o niña necesite o quiera abortar.