En Salta está a punto de aprobarse una ley sumamente nociva que crea un “registro de obstructores de lazos familiares”. Hay dos aspectos muy negativos de esta ley. En primer lugar, es contra las mujeres porque son las que mayormente denuncian la violencia familiar y las que protegen a los niños de padres violentos o abusadores. Otro aspecto es que se mete sobre derechos ya consagrados como el derecho al trabajo y a la vivienda sin tener en cuenta que el supuesto obstructor tenga otros hijos.

El texto dice que se crea un registro de los casos donde hay una sentencia o disposición sobre régimen de visitas o vinculación que es incumplido por algunas de las partes, el propósito es sancionatorio, porque crea una página web donde se exhibe el nombre del supuesto infractor. Este registro puede ser solicitado por cualquier empresa, organismo del Estado o incluso un particular.

El “obstructor/a” puede ser suspendido si se desempeña en un trabajo estatal, no puede inscribirse en el Instituto de la Vivienda y tampoco podría ser funcionario o estar en un cargo electivo. Esto último es un chiste de mal gusto ya que se trata de una medida persecutoria para madres que luchan por la defensa y la justicia para sus niños cuando en Salta hay hasta jueces con graves denuncias de violencia de género y siguen ejerciendo como si nada.

El registro pretende convertir en un marginado al supuesto obstructor sin tener en cuenta que en las causas de familia, las disposiciones sobre régimen de visitas o revinculación pueden modificarse, no son sentencias definitivas, hay muchos casos en donde persiste la violencia familiar y el juez de menores retira la vinculación, si es que se trata de casos de violencia familiar o abuso.

Si la separación de la pareja no es por razones de violencia de género, ni por abuso a las infancias, crear un registro no es la manera de proceder, porque está en juego la integridad del niño que debe ser garantizada por un equipo multidisciplinario que evalué el caso y no bajo amenaza de ser escrachado en un registro público.

La ley de obstructores parece un disparate o pedido por violentos que quieren impunidad, porque el registro serviría de presión para que las mujeres desestimen seguir con un proceso judicial porque necesitan acceder a una vivienda o para no quedarse sin trabajo. Además da por sentado que la “obstrucción del vínculo” se debe solo a desacuerdos entre adultos, siendo que lo que prima en Salta son miles de denuncias de violencia familiar que tardan años en resolverse.

En los casos donde hay denuncias por abuso a las infancias es más grave aún, porque en los hechos es concretar la falsa teoría de Síndrome de Alienación Parental (SAP), que es utilizada por las defensas de abusadores para desestimar las denuncias de los niños abusados y expresar que todo es un invento de la mujer. La finalidad del SAP es que los abusadores queden impunes y no sean juzgados.

Una ley de este tipo podría tener alcances gravísimos para la protección de las infancias, ya que se trata de una herramienta para reforzar la criminalización que ya sufren las madres protectoras por parte de la Justicia, que se caracteriza por querer generar revinculaciones forzosas entre niños y niñas violentados con sus agresores. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con la niña Arcoiris y su mamá, que luchan para que no la entreguen nuevamente con su abuelo paterno -a quien denunció en instancias judiciales por abusos y agresiones sexuales. El abusador cuenta con protección política y judicial por ser un alto funcionario del gobierno del Frente de Todos en La Rioja. Su mamá, Delfina, se encuentra en prisión domiciliaria precisamente por proteger a su hija. Como Arcoiris y Delfina hay muchísimos casos en todo el país.

Detrás de estos casos de persecución a quienes protegen a sus hijes, operan grupos antiderechos con mucho poder en todos los niveles del Estado, amparados por los distintos gobiernos. Son defensores de un modelo familiar dominado por la violencia, el autoritarismo y la descomposición social. En Salta es muy fuerte esta presencia en el Poder Judicial -una provincia donde la formación profesional de sus agentes está monopolizada por la UCA y su ideología reaccionaria, prejuiciosa y retrógrada en materia de derechos de las mujeres, las diversidades y la familia.

No se puede ignorar las terribles estadísticas de la propia Salta. En los juzgados de violencia de género y violencia familiar no bajan de un promedio de 6.000 denuncias por semestre realizadas por mujeres. Tenemos también la tasa más alta de femicidios por cantidad de habitantes, este año van 9 mujeres asesinadas. El jefe de policía reconoció que reciben por mes alrededor de 40.000 pedidos de intervención al 911 por violencia familiar, la mayoría de esos hechos no se convierten en denuncias.

El Estado no protege a los niños

El autor del proyecto, el senador Emiliano Duran, ahora candidato a intendente oficialista, dice que la ley de registro es para proteger a los niños, siendo que la Justicia salteña es pura oligarquía reaccionaria cuando se trata de los derechos de los niños y las mujeres.

El año pasado la corte salteña, armada por Sáenz, le dio la prescripción a los curas abusadores Aguilera y Lamas, que abusaron de niños que iban al catecismo. Luego de semejante aberración tienen garantizada la impunidad de que nunca van a ser juzgados. Lo peor de todo es que la prescripción se la dieron tomando el antecedente “Chinque”, que era el caso de una niña abusada por su propio padre y que la víctima lo denunció siendo mayor de edad. Así que esta ley viene a sumarle puntos a la Justicia reaccionaria que ya tenemos.

Acaba de suceder un crimen terrible en Las Lajitas: un padre asesinó a su hijo de un año y luego se suicidó, y lo hizo el día que le tocaba estar con el niño, según dictaba su régimen de visita. Se ve que el juez de menores o el fiscal nunca vieron que el niño estaba en peligro. ¿En ese contexto quieren crear un registro? La Justicia del gobierno de Sáenz no escucha a las mujeres ni a los niños.

Llamamos a todo el pueblo salteño y al movimiento de mujeres y diversidades en todo el país a rechazar esta nefasta ley contra las infancias. Apoyamos el reclamo de las madres protectoras, queremos que los niños sean escuchados y el proyecto sea enviado al cajón. Basta de crear leyes en contra de los derechos de las mujeres y las infancias.

 

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