Concejales oficialistas armaron una maniobra contra el pueblo salteño de Oran. De 12 concejales, 9 aprobaron un proyecto para declarar a la Ciudad de Oran Ciudad pro vida y pro familia, y también un impuestazo que lleva el valor de la Unidad Tributaria de $2,60 a $6, en una ciudad que ostenta un 65% de trabajo precario y en negro. Además de la modificación de la Unidad Tributaria, en muchos rubros se aumenta también la tasa, lo que implica que el aumento puede ser mayor al 100%. Este impuestazo fue votado sin los dos tercios necesarios, como ocurrió hace dos años con otro impuestazo que ataba los impuestos al precio de los combustibles, lo que fue ampliamente rechazado por la población.

Para completar el cuadro, las patronales impusieron la apertura de la cuarentena, llevando a que haya un rebrote de Covid, que afectó seriamente al personal del hospital público, que ya venía denunciando la falta de recursos y elementos de bioseguridad. El régimen político local, en lugar de sostener económicamente a las familias y trabajadores, para que puedan cumplir con la cuarentena en casa, mandó la represión y encarceló a los puesteros del mercado de abasto, que quieren trabajar para sobrevivir y ahora los golpea con un impuestazo.

En cuanto a la declaración “pro vida”, se trata de una reacción en contra de las mujeres que luchan por el aborto legal y exigen que se apruebe la ley cuanto antes.

A niveles jurídicos y legales una declaración municipal, ordenanza o decreto provincial no puede ubicarse por arriba del Código Penal, que habilita, desde 1921, a una mujer interrumpir su embarazo dadas determinadas circunstancias. Pero tenemos antecedentes como Corrientes, que fue declarada provincia “pro vida”, por decreto, y que por tal motivo no adhiere al protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo). La justicia, inficionada de jueces oscurantistas, muchas veces se vale de instrumentos legales inferiores para violentar los derechos de mujeres y niñas, como ya lo hicieron con el decreto 1170/12 de Urtubey, que desconocía el fallo de la Corte Suprema de Interrupción Legal del Embarazo en caso de violación.

Esta declaración está también a la medida del intendente de Oran, Pablo González, medico antiderechos y dueño de una clínica privada, que cuando fue senador por el departamento votó en contra de todas nuestras iniciativas para derogar el decreto 1170/12, incluso cuando exigíamos justicia para Juana: la niña wichi que quedó embarazada luego de sufrir una violación en banda en el 2016.

Cuando hace unos años en los hospitales se implementó el chip anticonceptivo subdérmico, para evitar el embarazo adolescente, que se aplica a chicas que ya hayan sido madres desde los 14 años, en Oran los médicos solicitaron si podían aplicarlo desde los 12 años, ya que contaban con varias niñas madres que acudían al hospital público.

En el 2017 hubo 13 partos de niñas de 10 a 14 años, y 413 partos de adolescentes en la provincia, donde  Oran tiene los mayores porcentajes. La gerente del hospital de ese año hizo público que en Orán se realizan ocho legrados por día a mujeres que llegan con abortos clandestinos. La declaración del Concejo Deliberante es repudiable porque llama a que se continúe con este cuadro de barbarie.

La ahora declarada ciudad pro vida no es la ciudad en la que se cuida la salud de los médicos que combaten el Covid. El 20 % de los médicos de emergencia del Hospital Orán está aislado por haber sido alcanzado por el virus, lo que muestra el rechazo de Sáenz y González a equipar el nosocomio con elementos de bioseguridad; lo que fue fuertemente denunciado por el personal de la salud.

Los que votaron la declaración pro vida y el impuestazo, son los responsables del atraso oscurantista, la pobreza y la propagación del Covid. Lo disimulan pintándose de defensores de la vida, cuando en realidad los intereses que mandan en el departamento y la ciudad son los de los terratenientes, de la Seabord Corporation y de la iglesia. Por eso el cura abusador Zanchetta jugó un rol clave en el régimen político que domina en el departamento, contra las grandes luchas de los obreros azucareros.

Para terminar con la opresión de la clase obrera y de las mujeres hay que separar a la Iglesia del Estado y desarrollar una alternativa política de los trabajadores, para derrotar a los oligarcas que desangran al pueblo. Llamamos al pueblo de Orán a movilizarse cuidando las medidas de seguridad, hasta que caiga el impuestazo de González.

Abajo la declaración pro vida. Separación de la Iglesia del Estado. Adhesión al protocolo ILE nacional ya.