La prórroga de la emergencia en violencia de género, que sacó por DNU Urtubey en el 2014, se trató en la Cámara de Diputados de Salta. Cada dos años la vuelven a prorrogar. La novedad que introdujo la ley de emergencia fue la creación de los juzgados y fiscalías específicas de violencia de género en el Distrito Centro y en el interior, algo que deberían existir por necesidad objetiva y si la ley de prórroga no se aprueba, no quiere decir que dejen de existir.

¿Cómo actuaron las fiscalías desde su creación? Como toda justicia dependiente del poder político, se comporta acorde a los mandatos de los patrones, un ejemplo claro es lo que sucedió en el Departamento de Anta, donde hace poco se suspendió de sus funciones al fiscal Dantur, porque estaba en una componenda corrupta con el comisario Mamani, que no solo armaba causas y fabricaba culpables, también se descubrió que Dantur no informaba, ni giraba actuaciones en caso de violencia de género, porque era “conocido del violento”.

Nada menos en Anta, donde los índices de violencia son muy altos y la llamada accesibilidad a la justicia es muy difícil. Las mujeres además del violento están a merced de todos los peores vicios de una justicia que le da la espalda. Ni que hablar de jueces como Diez, que con causas de violencia de género solo se le hizo una sanción administrativa, como si se tratara de un empleado de comercio y no alguien que debe impartir justicia.

Ahora mismo en Las Lajitas, también en Anta, hay una niña de 12 años embarazada producto de una violación y que además vive en un contexto de violencia familiar y las fiscalías actuaron en el marco de que los hospitales son objetores y ahora están abocados al Covid-19. No actuaron para garantizar la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo que la ampara, el Estado está violentando los derechos de esa niña, el caso no debe judicializarse y lo hacen igual. La situación extraordinaria de la pandemia no anula los derechos ya consagrados, en los casos de abusos incluso es peor, en contexto de encierro crecieron los abusos a niñas y mujeres.

El Estado obliga a las niñas a maternar y nosotres decimos que son niñas, no madres.

En el 2014 la emergencia también contemplaba la creación de hogares refugios, en la ciudad de Salta solo se hizo uno al que las mujeres no quieren ir, porque no reúne las condiciones de contención adecuadas, las mujeres se sienten presas. Otro se hizo en Orán, pero lo administraba el arzobispado de Zanchetta, que cuando huyó de Salta, acusado de abusos y mala administración, se fue debiendo los salarios de las operadoras que allí trabajaban, la ley no sirvió ni para hacerse cargo de esos salarios adeudados, le tiraron el fardo al municipio de Orán. Tercerizaron la atención de casos de violencia con la iglesia y no con equipos especializados para tratar la situación.

Las cifras de denuncias en fiscalías y comisarías de este año se duplicaron por referencia al año anterior. Desde el 1 de enero al mes de junio, en las cuatros fiscalías del Distrito Centro hubo 1.948 denuncias, en el distrito de Metán 141, Oran 315 y Tartagal 264. A esto hay que agregar que se triplicaron los llamados al 911 por intervenciones directas en hechos de violencia familiar y de género. Por lo general, esos pedidos de auxilio no se convierten en denuncias

Urtubey en su momento declaró la emergencia porque la situación era insostenible, ese año asesinaron a la maestra Evelia Murillo, murió en su lugar de trabajo, en una escuela rural, por defender a sus alumnas de un abusador, que anteriormente ya había agredido a otra maestra, la declaración de la emergencia se convirtió en una pérfida propaganda de un gobierno que quería mostrarse como interviniendo para proteger a las mujeres.

Obviamente, cuando un instrumento está creado para autoabsolver al responsable generador de las violencias, los resultados son muy negativos, por eso la mayoría de los femicidios se dio en casos de mujeres que ya tenían todo un recorrido judicial de denuncias, exclusiones y perimetrales que nadie hacía cumplir.

Tenemos mujeres que hasta fueron asesinadas con la consigna policial en la puerta, como Liliana Flores, que tenía varias denuncias realizadas y finalmente su exesposo policía la terminó matando con la consigna en la puerta o como Rosa Sulca, llamando al 911 diciendo que se apuren porque la están matando.

Desde nuestro partido realizamos en su momento y lo seguimos sosteniendo, que es necesario un Consejo Autónomo de la Mujer, que sea electo y revocable por las propias mujeres, que pueda intervenir en una protección real, como ya lo hacen muchas activistas y militantes que defienden a las mujeres y a la diversidad, un concejo que tenga un presupuesto asignado para la asistencia directa, que pueda acusar a la justicia cuando violentan los derechos, como ahora que están obligando a una niña a ser madre, esto es superior a la creación de cualquier burocracia estatal. Solo así, se podrá aplicar adecuadamente una emergencia, que actúe sobre los casos más graves, si no esto es la prórroga de más papel pintado.

Basta de femicidios, por la atención integral de las víctimas de violencia de género, por la adhesión inmediata del protocolo ILE, para que las niñas sean niñas y no madres. ESI laica y científica y el aborto legal para ninguna mujer muera por aborto clandestino ni sufra lesiones.