El pasado 9 de febrero ocurrió una tragedia en la localidad de Colonia Santa Rosa, provincia de Salta. Una casa precaria de tablas se incendió y murieron dos hermanitos de 4 y 6 años. Los pequeños estaban solos en ese momento, ya que su madre es trabajadora rural y no tenía con quién dejarlos.

Aunque los vecinos intentaron apagar las llamas, el fuego consumió la vivienda. El jefe de bomberos, en declaraciones públicas, dijo que todo indica que se trató de un corto circuito por la excesiva humedad, ya que en los últimos días llovió copiosamente en todo el norte.

Antes de empezar siquiera una investigación en regla, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, imputó a la madre Mercedes Yolanda Vargas como autora del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, en perjuicio de sus hijos, y ordenó la detención.

No es la primera vez que la Justicia salteña actúa de esta manera. Inventa una responsabilidad absoluta de la madre sin considerar siquiera que las trabajadoras más pobres están obligadas a dejar a los chicos solos para ir a trabajar, porque no les queda otra. Si enumeramos las responsabilidades estatales, vemos que el culpable de estas muertes es el propio Estado. Con nombre y apellido: el intendente Jorge Mario Guerra y el gobernador Gustavo Sáenz.

En primer lugar, en los municipios del norte los intendentes se florean entregando casas de tablas a las familias pobres, mientras sus diputados y senadores siguen votando presupuestos de ajuste en los fondos destinados a la construcción de viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda. Es por eso que hay barrios enteros con casas de madera en Orán, Tartagal y Anta. En Las Lajitas, incluso, hay un barrio llamado La Tablita, donde ocurrió una tragedia similar hace unos años. A las comunidades wichis hasta les dan las tablas de madera para que armen la casa como puedan. En Salta hay 70.000 familias sin techo, hacinadas y viviendo en forma precaria.

En segundo término, el Estado no garantiza establecimientos estatales para que los niños que quedan solos cuando sus padres van a trabajar estén seguros. No hay jardines maternales municipales en Colonia Santa Rosa, ni ningún otro dispositivo para proteger a los niños. Tercero, cada vez que se descubre trabajo infantil en las fincas, la Justicia también culpa a los padres por llevarlos al campo con ellos -pero si los dejan en casa los acusa de abandono.

Por último, el trabajo al que acceden las mujeres en Salta es de lo más precario. Según la propia Secretaría de Trabajo, el tipo de empleo que concentra mayoritariamente la mano de obra femenina en la provincia es en negro: atención en puestos en ferias o atendiendo sandwicherías, empleadas domésticas con ingresos muy bajos o trabajo rural completamente precarizado. Salvo el empleo estatal, no hay trabajo en blanco y bajo convenio para las mujeres trabajadoras.

El primero en ser puesto en el banquillo de los acusados debería ser el Estado, no una madre que perdió a sus hijos en una tragedia completamente evitable. Los gobierno de Guerra y de Sáenz son responsables de toda esa miseria. Exigimos la inmediata libertad de Yolanda Vargas, denunciamos a la Justicia salteña como encubridora del poder político que genera la pobreza estructural que padecemos en el norte.

¡Inmediata libertad a Yolanda Vargas! Por un plan de viviendas sociales para todas las familias trabajadoras sin techo. Jardines maternales gratuitos de acceso universal en cada barrio, lugar de trabajo y estudio. Por trabajo en blanco bajo convenio y salario inicial igual a la canasta familiar.