El caso ocurrió hace unos días. La joven Aldana Quico de 18 años, de la Comunidad wichi La Puntana, esperó más de 12 horas con su bebé muerto en el vientre y falleció a causa de una infección generalizada.

El caso se está investigando como posible caso de mala praxis. La joven, con 8 meses de embarazo, tenía todos los controles, incluso su familia se mudó de La Puntana a otra comunidad más cercana a Tartagal, para justamente poder ir al hospital. Empezó con dolores intensos el martes 11, tuvo que esperar horas para ser atendida por una obstetra en la comunidad, allí ya se constató que el bebé estaba muerto.

Como consta en la historia clínica, la joven ingresó al hospital Juan Domingo Perón el día miércoles 12 a las 11hs de la mañana con el bebé muerto en su vientre, incluso el personal sintió el olor propio de una infección. Durante todas estas horas sus familiares escuchaban el llanto de la joven y pedían por favor que le realicen una cesárea. El médico decidió que debía tener un parto normal. Finalmente a las 2 horas de la madrugada tuvo un paro cardíaco y falleció.

La familia de la chica denunció al médico que la atendió en el hospital Perón de Tartagal, un conocido antiderechos, que ya fue denunciado el año pasado por negarse a atender a una chica Toba de 15 años, que ingresó al hospital desangrándose. El médico se negó a atenderla acusándola de haberse hecho un aborto, siendo que no estaba embarazada y la hemorragia era por otro problema de salud.

La subsecretaria de Gestión en Salud asegura que abrió un proceso administrativo porque llaman la atención las 12 horas de espera establecidas por el médico. El ministro de Salud, juan José Esteban, planteó que se investigara la situación porque fue una muerte evitable.

La familia realizó la denuncia por mala praxis, violencia obstétrica, torturas y discriminación, manifiestan que incluso fueron maltratados cuando pedían por la atención a su hija.

Lamentablemente no es la primera vez que sucede. En las comunidades originarias es una situación común las muertes en el parto, debido al abandono que sufren por parte del Estado. En las comunidades no hay médicos, la mayoría de las veces los partos son atendidos solo por enfermeros o agentes sanitarios. Desde el gobierno se lavan las manos culpando a las propias mujeres de no asistir a los controles médicos, siendo que las comunidades tienen caminos intransitables y los pocos puestos sanitarios no tienen ambulancia. Hace 7 años que se promulgó una ley de facilitadores en salud, que debía tomar como intérpretes a miembros de las comunidades para poder comunicarse con los pacientes, ni eso cumplen.

El ministro Esteban también admitió que empezaron el año con muertes por desnutrición infantil, aunque no dio números ni en qué departamento ocurrieron, se limitó a decir “que están trabajando” para que funcione nuevamente el Centro de Recuperación Nutricional, que se cerró cuando empezó la epidemia del Covid, y que se están licitando la compra de camiones cisternas para llevar el agua a las comunidades.

Como siempre simulan pena ante las cámaras pero las lágrimas y el dolor verdadero lo sufren las familias que ven morir a sus hijos y sus mujeres por problemas de salud completamente evitables. Sin médicos ni enfermeros, sin ambulancias, sin agentes sanitarios, sin medicamentos. Alejados de todo centro urbano y carentes de medios de transporte, con caminos intransitables. El abordaje de los problemas de salud en las comunidades reclama destinar el presupuesto necesario para resolver todos estos problemas. Algo completamente ajeno a la política de salud pública de Sáenz. En el debate del Presupuesto 2022 incluso el propio Ministro denunció que había solicitado 36.000 millones para todo el año y le otorgaron 29.000. Y en tiempos de fuertes ajustes, las comunidades originarias son el último orejón del tarro.

La muerte de Aldana Quico y su hijo demuestra que el primer discriminador es el Estado, que los antiderechos ejercen violencia obstétrica y no hacen nada, aun cuando son denunciados, es decir, gozan de impunidad.

Es necesario que unamos las fuerzas de las organizaciones independientes y las comunidades originarias, para imponer a Sáenz todos estos reclamos, desde una lucha independiente del Estado. Con el Polo Obrero, que se ha constituido en varias comunidades del norte, nos proponemos a poner en pie un gran movimiento para conquistar el agua potable, la construcción de hospitales, profesionales, viviendas, caminos. Sobre todo, la salud para todos, para que ningún niño, ni ninguna mujer más muera en esas condiciones de miseria y desamparo.

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