Miranda Ruiz es una médica de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta, que está siendo judicializada por atender un aborto legal con causales de salud a una joven de 21 años en agosto de 2021. Miranda es la única médica no objetora de conciencia del hospital Juan Domingo Perón, donde trabaja. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, legal seguro y gratuito, Regional Salta y otras organizaciones de mujeres convocaron a movilizarse en las puertas de la Ciudad Judicial de Salta para hacer un pañuelazo en apoyo a la médica.

El enjuiciamiento no cae solo sobre Miranda. Hace dos meses también imputaron a otros dos integrantes del equipo de salud del Hospital Perón de Tartagal, uno administrativo y un médico obstetra. Recordemos que la doctora fue denunciada por los familiares de una mujer que solicitó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con causales de salud, acusando que la médica realizó el aborto en contra de la voluntad de la paciente, cuando en realidad se siguió todo el protocolo de atención para estos casos.

La acusación actual a los otros dos miembros del equipo de salud es que el médico y el administrativo no habrían registrado correctamente el tiempo de gestación y si nació con vida. Pero, además, el juez de garantías Mariscal Astigueta ordenó una junta médica para estudiar las causales por las que la paciente solicitó la interrupción por motivos de salud. Sin embargo, desde el Fallo FAL, para los casos de abortos no punibles, se estableció que las causales no deben ser judicializadas, porque los conceptos de salud ya los establece la Organización Mundial de la Salud. A 10 años del fallo de la Corte Suprema en el caso FAL, referido a los abortos no punibles, Astigueta pretende ir en contra de lo ya legislado, tanto por la corte como por el Congreso Nacional, llamando a junta médica para revisar si es admisible la causal que manifestó la paciente.

Durante el gobierno de Urtubey, la Justicia y el Ejecutivo se declararon en rebeldía y por siete años no acataron el fallo FAL. Urtubey dictó el infame decreto 1.170, que fue un instrumento para impedir este tipo de abortos, que en Argentina son legales desde 1921. Ahora, existiendo la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo insisten con su posición reaccionaria.

Hacemos un fuerte llamado a desplegar nuevamente la fuerza de la marea verde para que se cumpla la ley por la que luchamos tantos años, para separar a las iglesias del Estado, para que no haya más niñas madres, ni ninguna mujer vejada cuando necesite abortar. Vamos por el sobreseimiento de la doctora Miranda Ruiz.

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