Un operativo de fuerzas federales y provinciales, con allanamientos en varios domicilios en la ciudad de Salta, rescató el pasado 19 de julio, a 12 mujeres de una red de trata. La investigación empezó en mayo por denuncias de mujeres sobre oferta de empleo falso.

Lo que a muchos no parece llamarles la atención es que uno de los domicilios allanados, donde fueron rescatadas las mujeres, queda a 200 metros de la sede de la policía federal y también de la central de policía provincial, en pleno centro de la ciudad.

El fiscal federal, Ricardo Toranzos, a cargo del expediente, declaró a La Nación que la banda actuaba en cuatro provincias y que incluso contaba con tecnología, tal como anillo de protección digital, para evitar que los celulares y computadoras fueran rastreados.

La banda de tratantes no solo operaba en los coquetos departamentos céntricos. Otro de los allanamientos se hizo en la zona del Bajo, un lugar donde la prostitución está presente desde hace décadas. Allí el domicilio allanado mostró las condiciones deplorables en la que estaban algunas de las víctimas, baños precarios, sin agua, basura acumulada de varios días. Los vecinos indicaron que se cansaron de avisar al 911 y no obtuvieron respuesta alguna.

Delitos de esta magnitud no pueden desarrollarse sin la complicidad del aparato represivo del Estado, más aun con el feroz control que tiene la policía provincial sobre las calles y las personas, reforzadas ahora por la ley que amplía sus facultades, además hay cámaras de monitoreo en casi todos los barrios. Lo que no se sabe es cuánto tiempo lleva esta banda operando en la ciudad. Tuvimos el antecedente de los prostíbulos y whiskerías que funcionaron por años, con la connivencia política, de la provincia y la municipalidad.

Cuando desde el Estado se promovió las prácticas “políticamente correctas” para prevenir la trata de personas, se prohibieron las whiskerías y las “casas de tolerancia”, sin embargo los siguientes casos de explotación sexual se dieron en los prostíbulos habilitados como confiterías con espectáculo. O sea, solo cambió el nombre de la habilitación comercial. Con la lucha contra trata de personas, el Estado y sus personeros armaron las maniobras más berretas y la trata sigue instalada como un gran negocio.

Según el gobierno provincial, las víctimas están siendo asistidas por el Polo Integral de las Mujeres, un organismo que en estos meses denunció trabajo precario y sueldos atrasados de sus trabajadoras. Todes profesionales que atienden oficios ordenados por los juzgados. Se ve que a la hora de asistir a víctimas de violencia de género y trata de personas el Estado es el principal vulnerador. Nunca se sabe si la asistencia es sostenida en el tiempo, lo más probable es que sea circunstancial, porque así es con las víctimas de violencia familiar.

Si vamos más a fondo de qué pasa con los proxenetas, muchos reciben una condena baja y algunos nunca son condenados, como Villalba, el exintendente del PJ–Frente Grande, que fue encontrado en un prostíbulo donde había trata de personas. Sin embargo la justicia lo consideró como cliente consumidor, siendo que era intendente de Salvador Mazza, el pueblo fronterizo con Bolivia.

Recientemente hubo una fuerte polémica nacional sobre si la prostitución es un trabajo. Sin embargo, los informes dan cuenta que hay una explotación muy clara por parte de los tratantes que coaccionan a sus víctimas y amenazan violentamente si quieren salirse del lugar. Trata y proxenetismo es lo mismo, es un negocio inmundo con diferentes modalidades  y escalas de ganancias, las víctimas son esclavas estén encerradas bajo llave o no. Claramente ninguna mujer elige esa violencia para su vida.

Para acabar con todo esto es necesario que nos organicemos de manera independiente del Estado y luchemos para terminar con este régimen de explotación y barbarie que ha hecho, también del cuerpo humano, una mercancía.