Mujer

29/3/2022

ABORTO LEGAL

Salta: segundo rechazo al pedido de sobreseimiento a la doctora Miranda Ruiz

La Justicia y los antiderechos la persiguen por practicar una ILE.

Pañuelazo por el sobreseimiento de la Dra Ruiz. Imagen: Prensa Obrera.

Los medios de comunicación de Salta se hicieron eco del rechazo, por segunda vez, al pedido de sobreseimiento a la doctora Miranda Ruiz, quien fue judicializada por atender un aborto legal con causales de salud. Una novedad es que imputan a otros dos integrantes del equipo de salud del Hospital Perón de Tartagal, uno administrativo y un médico obstetra. Recordemos que la doctora fue denunciada por los familiares de una mujer que solicitó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con causales de salud, acusando que la médica realizo el aborto en contra de la voluntad de la paciente, cuando en realidad se siguió todo el protocolo de atención para estos casos.

La acusación actual a los otros dos miembros del equipo de salud, es que el médico y el administrativo no habrían registrado correctamente el tiempo de gestación y si nació con vida. Pero además, el juez de garantías Mariscal Astigueta ordenó una junta médica para estudiar las causales por las que la paciente solicitó la interrupción por motivos de salud. Sin embargo, desde el Fallo FAL para los casos de abortos no punibles, se estableció que las causales no deben ser judicializadas, porque los conceptos de salud ya los establece la Organización Mundial de la Salud.

El caso tiene sus complejidades y pone de manifiesto otros entramados. El médico obstetra, ahora también judicializado, no es ni más ni menos que Marcelo Cornejo, quien en 2020 fue denunciado por querer cobrarle $20.000 o favores sexuales a una paciente de 15 años y a otra de 31, para practicarles un aborto en una clínica privada ya que se declaró objetor en el hospital público apenas se aprobó la ley.

El médico sigue imputado por abuso simple y aunque aquella vez se dijo que tenía un sumario administrativo, sigue trabajando en el hospital de Tartagal. Como ven, la justicia actuó inmediatamente en el caso de la Dra. Ruiz, la que incluso llegó a estar unas horas detenida, y con el médico imputado de abuso no hicieron nada, sigue atendiendo pacientes. Aquella vez, la doctora Miranda Ruiz acompaño la denuncia de la paciente menor de edad.

Otro que también tiene antecedentes es el juez Mariscal Astigueta, quien fue duramente cuestionado por no hacer nada en el caso Juana, la niña wichi que sufrió una violación en banda. A pesar de tener conocimiento del caso, recién actuó cuando ya tenía 5 meses de gestación. Hubo un pedido de jury, pero lo salvaron los senadores urtubeysistas y del Frente para la Victoria, que votaron en contra de iniciar el proceso de destitución.

A 10 años del fallo de la Corte Suprema en el caso FAL referido a los abortos no punibles, Astigueta pretende ir en contra de lo ya legislado, tanto por la corte como por el congreso nacional llamando a junta médica para revisar si es admisible la causal que manifestó la paciente.

Durante el gobierno de Urtubey, la justicia y el ejecutivo se declararon en rebeldía y por 7 años no acataron el fallo FAL. Urtubey dictó el infame decreto 1170 que fue un instrumento para impedir este tipo de abortos, que en Argentina son legales desde 1921. Ahora, existiendo la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo insisten con su posición reaccionaria.

Con el decreto 1.170 obligaron a muchas niñas a ser madres y esto sigue pasando en Salta. Se acaba de conocer que una niña de 12 años parió producto de la violación de su propio padre en Mosconi. La madre de la niña denunció los abusos en el 2021, dejaron pasar el tiempo, no actuaron en la atención de la salud de la niña. Recién actúan ahora deteniendo al violador, no les importa esa niña que fue obligada a maternar. Este caso lo debió tomar el hospital de Tartagal y garantizar la ILE para la niña, pero no, justamente, es ahí donde persiguen y criminalizan a la doctora Miranda Ruiz, única medica no objetora , donde también atiende el objetor y abusador Cornejo, hasta ahora impune.

Se busca crear un cuadro de intimidación publica contra la mujer que solicita un aborto, con una suerte de escrache ya que se hace público su nombre, violentando el secreto profesional y los derechos de la paciente. Como se ve, aquí también hay absoluta responsabilidad del ministerio de salud, no solo de la justicia.

Mientras el ministerio de salud no mueve un dedo para que haya profesionales que garanticen el derecho al aborto en todos los hospitales, la cruzada de la justicia y de los antiderechos contra la doctora Miranda Ruiz busca directamente que el derecho no exista más allá de los papeles.

Hacemos un fuerte llamado a desplegar nuevamente la fuerza de la marea verde para que se cumpla la ley por la que luchamos tantos años, para separar a las iglesias del estado, para que no haya más niñas madres, ni ninguna mujer vejada cuando necesite abortar.

Vamos por el sobreseimiento de la doctora Miranda Ruiz.