Causó asombro entre los periodistas salteños enterarse que tenían que cubrir la noticia de un procedimiento por trata de personas, con rescate de mujeres obligadas a prostituirse, en un inmueble que había sido decomisado en 2019 y cedido a la fundación Volviendo a Casa, que justamente asiste a víctimas de trata de personas. ¿Cómo es posible esto?

En este nuevo procedimiento actuó la jueza federal de Garantías Nº2, Mariela Giménez, junto al Juzgado Federal de Garantías Nº 1 a cargo del fiscal general Eduardo Villalba. Se rescataron varias mujeres, algunas extranjeras, y se detuvo a tres personas encargadas del regenteo, que no se descarta que estén implicadas en otros prostíbulos.

Muchas cosas llaman la atención en este nuevo episodio. Primero el fiscal Villalba fue el que realizó el procedimiento en ese mismo lugar el 29/11/21, donde se rescataron 18 mujeres mayores de edad y una de 16 años. En su momento fue anunciado como un éxito del sistema acusatorio, donde se logró el desbaratamiento del prostíbulo, la condena de los tratantes, el decomiso del inmueble y un resarcimiento de $70.000 destinado a las víctimas de trata de personas. Incluso participó en la inauguración de la casa como lugar de contención para las víctimas de trata, a cargo de la Fundación Volviendo a Casa.

Una joya esta nota, resulta que ahora se rescato nuevamente a mujeres explotadas en el mismo inmueble con la fundación al lado. Como puede ser que no vean nada? un prostíbulo muestra movimiento de hombres a toda hora. https://t.co/r0tpirGQOa

— Gabriela Cerrano (@GabrielaCerrano) September 9, 2022

Segundo, la responsable de la fundación, Isabel Soria, dijo que cuando la casa fue recuperada y cedida a la fundación había gente ocupando una parte del inmueble, a los que les observaron movimientos raros y realizó la denuncia de manera anónima, como cualquier mortal, hace seis meses, y recién ahora la Justicia federal actuó con este nuevo allanamiento. También declaró en un medio de comunicación que el delito de trata de personas se puede instalar en cualquier parte, hasta al lado de tu casa como les paso a ellos.

Según ella misma, en la parte del inmueble que usa la fundación Volviendo a Casa se realizan talleres de capacitación con el Proyecto Nosotras para crear puentes hacia una capacitación laboral para las víctimas de trata, que el lugar donde estaban las mujeres y la fundación tienen puertas separadas y que este episodio es tomado para desprestigiar el trabajo que realizan con la fundación.

Más que una posición de pobre ingenua, parece una respuesta esquiva para defender su cargo, porque Isabel Soria no es como cualquier vecina. Fue nombrada el 17 de febrero como directora de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, un cargo creado para ella por el represor y ministro de Seguridad Abel Cornejo. ¿Con ese cargo hace una denuncia anónima y espera seis meses?

La actuación de la Justicia federal da a lugar a sospechas, como pueden tardar seis meses para un operativo siendo que en Argentina, desde hace años, hay cientos de mujeres desaparecidas por las redes de trata y se supone que se debe actuar con premura. La excusa en algunos casos es que no quieren afectar a terceros inocentes, como ser locatarios de alquiler, vecinos, etc, o que no quieren alertar a los tratantes y que se den a la fuga. Pero en este caso que la denunciante es la propia fundación, ¿por qué no actuaron antes?

Este caso demuestra la demagogia que hace el Estado con la temática de trata de personas. Desde las iniciativas de decomisar el inmueble, el dinero incautado, que nunca se sabe claramente si van a parar a las víctimas como se dice. El caso muestra también que este tipo de delito solo se puede llevar adelante con la complicidad estatal, no hay otra manera.

La “lucha contra la trata” el Estado la deja en manos de referentas ligadas al aparato del PJ, que solo buscan un cargo para ser parte de todo un andamiaje, que de fondo no resuelve ni siquiera los problemas más inmediatos de una víctima de trata, porque un curso de oficios no te saca de la sujeción y sometimiento que implica la prostitución, que aunque se diga que es voluntaria, es esclavitud.

Salta tiene una larga historia en el inmundo negocio de la explotación de mujeres, donde aparece siempre involucrado el estado, desde policías cómplices, funcionarios municipales que habilitaban prostíbulos como pub o confitería con espectáculos y hasta personal del poder político, como cuando Villalba fue detenido en un prostíbulo, al que hicieron pasar como un simple cliente, siendo que era intendente de Salvador Mazza, una ciudad fronteriza. Nunca se investigó a fondo ningún caso de trata, nunca se desbarató ninguna red.

La lucha contra la trata de personas es una lucha contra el estado y contra el capitalismo, no hay atajos desde dentro del Estado.

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