Desde los inicios del aislamiento social obligatorio a causa de la pandemia, se conocieron 36 femicidios y el aumento de la violencia doméstica. Mientras tanto, el gobierno nacional, provincial y los municipios no dan respuestas.

El municipio de San Fernando, a principios de mayo, puso en pie "una mesa de género" que lejos está de dar una salida concreta a la problemática. Las únicas medidas adoptadas fueron dar apertura a la Comisaría y Fiscalía de la Mujer e implementar un Dispositivo de Alarma para Mujeres Agredidas (D.A.M.A.) que es un dispositivo móvil.

Creemos que las medidas tomadas son completamente insuficientes, en primer lugar porque la comisaría y fiscalía de la mujer ni siquiera tienen personal asignado. Además, sabemos del funcionamiento deficitario por parte de estos organismos. Cuando una mujer debe realizar una denuncia, se encuentra con un proceso en el que sufre diferentes tipos de hostigamientos por parte del personal. En la mayoría de los casos no se brindan las perimetrales y, cuando esto sí ocurre, son violadas constantemente por los agresores.

En segundo lugar, para solicitar el nuevo dispositivo debe haber un registro previo en la Dirección General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, que contiene al área de Políticas de Género y Diversidad Sexual, el cual cuenta con un horario sumamente acotado (8 a 17hs). Se realizan entrevistas, las cuales luego son analizadas para ver si se adjudica o no el dispositivo, de manera que es una oficina que no brinda ninguna respuesta inmediata y deja a la víctima sin asesoramiento e incluso sin ningún tipo de resguardo.

En tercer lugar, en la mesa no se consideró en ningún momento la apertura de casas refugios (el municipio no cuenta con ninguna) compuestas por profesionales con las herramientas necesarias para brindar asistencia psicológica y legal a las víctimas, dejándolas de esta manera sin ningún tipo de acompañamiento, asesoramiento ni protección.

Esta situación se agrava en el momento en el que las mujeres somos las más golpeadas por la crisis económica, las más precarizadas e incluso en muchos casos sin contar con estabilidad laboral, lo que da como resultado que no tengamos escapatorias para salir del lado del violento. 

En este contexto, el municipio carece de políticas y presupuesto para atender la violencia de género, dejando a las mujeres a la deriva.

Por todo lo mencionado es que exigimos la apertura urgente de una casa refugio para garantizar asistencia y protección a las mujeres y sus familias, que las mismas cuenten con profesionales y sean administradas por las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Es necesaria la entrega inmediata de un subsidio de $30.000 para aquellas mujeres que sufren violencia de género y de esa manera garantizar un mínimo de subsistencia.

Por ultimo ante estas medidas insuficientes, tanto del municipio como del gobierno nacional, peleamos por poner en pie un Consejo Autónomo de Mujeres, electo y revocable por el voto de todas.