En el marco de la campaña provincial, en todo Neuquén, por Casas Refugios, como Plenario de Trabajadoras, estuvimos en la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante de la ciudad de San Martín de los Andes para solicitar que la resolución 1057/20 de la Legislatura sea reglamentada con urgencia. Participaron de la Comisión de Gobierno las concejalas Ana Aquín (Juntos por el Cambio), María Laura Da Pieve (MPN), Eliana Rivera (MPN), Mercedes Tulián (Juntos por el Cambio) y el concejal Martín Rodríguez (FdT).

La resolución 1057 nace de un proyecto presentado por la diputada provincial Patricia Jure (FIT- PO) en conjunto con familiares victimas como Karina y Valentina Apablaza, Noemí Maliqueo, María Silvina Barrios, Fernanda Pereira y Cielo López, y aprobada por unanimidad.

Aunque les concejales se mostraron “preocupades”, argumentaron la necesidad de esperar la opinión de la Directora General de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad y Mediación Comunitaria, Emilia Otharán, quien aún no se expide, y del Ejecutivo municipal, Carlos Saloniti, “para ir por la misma vía”. Las dilaciones demuestran que ya están en la misma línea. Tanto el intendente como Otharan son responsables y cómplices de la violencia institucional ejercida sobre miles de mujeres que no cuentan con ingresos para sobrellevar la crisis. Es que en nuestra localidad es alarmante el porcentaje de trabajadoras en negro y precarizadas, en muchísimos casos por el propio Estado. El agravamiento de las condiciones de vida, el nulo acceso a la vivienda, el hecho de no poder sostener el alquiler ni llenar la olla, resulta en un complejo panorama para las mujeres que sufren violencia y que, sumado al aislamiento, ven aún más lejos la posibilidad de romper el cerco de violencia.

Explicaron también la extensa legislación que eternamente queda en letra muerta respecto a la capacitación en género para la policía, la creación de la fiscalía de la mujer y el subsidio igual al salario mínimo vital y móvil que otorgaría Desarrollo Social a las mujeres víctimas de violencia. Pura cháchara cuando la realidad demuestra que la escalada represiva no discrimina género sino que, muy por el contrario, se desata sobre la clase trabajadora en su conjunto y que cuando cientos de mujeres se dirigen a Desarrollo Social, son maltratadas e ignoradas mientras que al organismo no se le escapa un peso. Sin dejar de mencionar el escalofriante silencio respecto a los jueces y fiscales, como Terán, cuya impunidad es la expresión de la humillación por parte del Estado a las mujeres.

Se trata de continuar dilatando los tiempos para expedirse ya que su votación y su consecuente aprobación obligarían al gobierno del MPN, que prioriza el endeudamiento y el pago a los acreedores, a destinar presupuesto para su reglamentación.

Todo este panorama vuelve a demostrar que no podemos confiarles nuestras reivindicaciones a los principales responsables de la violencia hacia las mujeres, por más Concejo local de género que quieran montar. Y que es organizándonos de forma independiente de los gobiernos y los partidos patronales, por un Consejo Autónomo de Mujeres electo y revocable, como conquistaremos la reglamentación de la Resolución 1057.

Ni Una Menos, El Estado es Responsable. ¡Sin Casas Refugio, no hay ni una menos!

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