En lo que va del 2020 se registraron al menos 143 femicidios, 80 de ellos en contexto de pandemia. El municipio de San Martín no es la excepción a la regla. En mayo se difundió el caso de María Ángeles, una mujer de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado en José León Suarez. En el municipio de las María Angélica, Melina Romero o Araceli Fulles, todos casos en los que la complicidad policial, en connivencia con el poder judicial y político, bloquearon las investigaciones, los funcionarios montan una escena de supuesto progresismo y se vanaglorian de las medidas que han tomado para prevenir la violencia y asistir a las que la han sufrido. Pero lo que ha quedado de manifiesto es todo lo contrario.

Durante sus años de gobierno, el exintendente Gabriel Katopodis, hoy ministro de Obras Públicas de la Nación, implementó una serie de medidas como el programa Amparo, que entrega botones antipánico y tobilleras, y la línea municipal de asistencia 147. El mayor acontecimiento que han celebrado desde la Municipalidad y agrupaciones de la órbita del gobierno, ha sido la puesta en pie del Espacio Mujeres, un espacio físico de asistencia. Además de esto, el municipio de San Martín ha llevado adelante todo tipo de acciones demagógicas hacia el movimiento de mujeres y diversidades sexuales, celebrando las fechas del 8M, 3J, armando “capacitaciones de género” para su personal y auspiciando la primera Marcha del Orgullo de San Martín.

A pesar del notorio aumento de casos de violencia a nivel nacional, el municipio ha recortado el horario de atención del Espacio Mujeres hasta las 14 horas. Las trabajadoras que integran el espacio no pueden dar otra respuesta a las mujeres que no sea dirigirlas a la Comisaría de la Mujer de Villa Lynch a que realicen una denuncia, sin importar su localidad y si tienen medios para transportarse o sacar el permiso de circulación pertinente. El municipio “feminista” no dispone de los recursos para el funcionamiento de casas refugio para atender situaciones de emergencia, dejando a más de 200 mil mujeres que lo habitamos a la deriva.

Párrafo aparte merecen las condiciones de existencia de estas miles de mujeres en el municipio con más asentamientos y barrios precarios de la zona norte del Conurbano bonaerense, donde las condiciones de hacinamiento y la falta de recursos básicos, como agua corriente, han hecho posible la proliferación del coronavirus, colocando al distrito entre los que tienen más contagios. La desocupación, la pobreza y la violencia avanzan a pasos agigantados, pero el municipio de Moreira no puede garantizar ni una mínima condición para que las mujeres del distrito no sigamos muriendo.

Frente a esto, el reclamo del destino de los recursos del municipio a la protección de las mujeres es urgente. Necesitamos refugios que puedan albergar a las víctimas y sus familias, expropiando los espacios ociosos, de la mano de una asistencia económica para ellas con un seguro de 30 mil pesos. Para romper con la dependencia económica que sufren las mujeres hacia los violentos, exigimos trabajo genuino y un salario mínimo igual a la canasta familiar. Estas políticas solo pueden ser logradas a través del pronunciamiento y lucha del movimiento de mujeres, las que verdaderamente luchamos contra la violencia que fomenta y encubre el mismo Estado y sus gobiernos.