El pasado martes 11 de abril, una joven de 16 años sufrió un intento de secuestro por dos hombres en un auto, en la ciudad de Bella Vista, distrito de San Miguel. La joven pudo escapar y pedir ayuda a una mujer que se encontraba a unos metros del lugar. Sin embargo, los secuestradores huyeron inmediatamente. La familia hizo la denuncia en la comisaría de Bella Vista, llevando incluso el número de patente del auto de los secuestradores, pero aun asi no hay noticias sobre los secuestradores.

 

Este no es el primer caso que se produce en la zona. El pasado 3 de marzo otra joven pudo huir de otro intento de secuestro, también con un hombre en un auto que la quiso atacar con un cuchillo y gas pimienta. Este caso fue tomado por las cámaras de seguridad de la zona. El secuestrador fue encontrado en un barrio de José C. Paz, pero la policía aseguró que no se trató de una red de secuestradores sino de un intento de abuso, y la investigación se frenó.

 

La situación en la que nos encontramos las mujeres de la zona es alarmante. A pesar de la aplicación de más fuerzas policiales, o más bien precisamente por eso, las mujeres nos encontramos expuestas a más peligro. El aparato policial no es la solución a nuestra seguridad debido a que en realidad es el organizador del delito.

 

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Y no se trata sólo de San Miguel. En el distrito aledaño de José C. Paz los numerosos casos de femicidio y violaciones llevaron a la movilización de cientos de mujeres a las calles reclamando justicia -un municipio donde el único centro asistencial de mujeres donde pueden asistir las mujeres no tiene condiciones para la atención adecuada (una mujer fue atacada allí mismo).

 

El otro municipio aledaño, Malvinas Argentinas, tiene una extendida red de prostitución a lo largo de la ruta 8, a metros de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde funciona una zona liberada a sus alrededores. Los constantes robos y el miedo al salir de cursar de miles de estudiantes es moneda corriente.

 

Desde el Plenario de Trabajadoras nos solidarizamos con las víctimas y reclamamos al Estado que ponga a disposición de las organizaciones de mujeres y trabajadores un informe sobre las denuncias hechas en la zona. Llamamos a las mujeres y vecinos de la zona a conformar una comisión independiente para difundir e investigar los hechos de violencia hacia las mujeres y la posible existencia de redes de trata. Exigimos también la conformación de centros integrales para la mujer bajo control de mujeres y organizaciones sociales.