El sábado pasado, mientras se desarrollaban las de clases de apoyo pedagógico, Diego Rojas ingresó al colegio industrial N° 3 de Puerto Deseado para golpear y robarle el teléfono celular a su ex pareja, una docente de la institución.

Ante el intento de detener al agresor, sobre quien pesa una restricción de acercamiento de 200 metros a la mujer, un alumno también fue golpeado.

Según informan los docentes de la institución la denuncia fue radicada inmediatamente pidiendo garantías de seguridad para la profesora, docentes y alumnos de la escuela, pero ninguna custodia policial se instaló. Ante el hecho de violencia el juez Oldemar Villa no dictó la captura del agresor ya que argumentó la necesidad de investigar la veracidad de las denuncias.

Ante el amparo del Estado y la impunidad con la cual cuenta Rojas, se dedicó al día siguiente a llamar a los docentes, amigos y hasta al hijo mayor de su ex pareja para amenazarlos de muerte: había accedido a los números desde la lista de contactos del celular que le robó a la docente. El agresor amenazó con ir al colegio y matar a todos.

El lunes por la tarde, según denunció el docente Hernán Díaz, Rojas llegó al colegio buscando a la mujer y a los docentes de la institución. Los directivos de la escuela solicitaron custodia policial en la institución y, en una nueva demostración de amparo por parte del Estado en los casos de violencia de género, el comisario respondió  que no había personal para realizar dicha custodia.

La respuesta generó una importante movilización por parte de la comunidad educativa que se concentró frente a la fiscalía exigiendo la seguridad necesaria para los alumnos, los docentes y la víctima directa. Durante la movilización los docentes denunciaron la presencia de un numeroso operativo policial que custodiaba la fiscalía y la casa del juez Oldemar Villa. “La policía dice que no pude poner custodia en la escuela, pero pone 14 policías para custodiar la casa del juez, como si los docentes fuéramos a hacerle algo a él”, denunciaron los manifestantes en las radios locales.

Ante la manifestación, el juez Villa mandó a que se trasladara a Rojas a la fiscalía. Al llegar, el juez tuvo una entrevista con el agresor, le exigió que entregara el celular que robó a la docente y luego lo dejó ir. Al salir de la entrevista, Rojas amenazó a los presentes: “Los voy a encontrar a todos”.

Desde el Partido Obrero exigimos se brinde la protección necesaria de la docente, sus compañeros de trabajo y los alumnos del colegio industrial N°3 de Puerto Deseado, la destitución del juez Villa y la renuncia del comisario en cuestión he invitamos a salir a las calles este 25 de noviembre para denunciar la responsabilidad del Estado en los hechos de violencia en los que deja hacer hasta el punto en el que las víctimas son asesinadas.