Los días 23 y 24 se realizaron las entrevistas por el plan Acompañar, en Caleta Olivia (Santa Cruz), con la presencia de funcionarias provinciales de la Secretaria de Mujer, Género y Diversidad, como parte de una agenda que más tiene intenciones electoralistas que de acompañamiento a las mujeres y diversidades víctimas de violencia.

Esto se evidencia en que pese a que el decreto es de diciembre del año pasado no se habían establecido, sino hasta ahora, un punto para entrevistas e inscripciones. Además, reducido a solo dos días y con poco personal para garantizarlas. Ha sucedido lo que en el resto del país: largas colas, horas de espera y cierre dos horas antes del tiempo estipulado, por la presencia de gran cantidad de mujeres el primer día.

Ésta es la única medida que tomó el gobierno de Alberto en política de violencia de género y funciona revictimizando a las mujeres que con este operativo han quedado expuestas públicamente, avergonzadas y varias sin la acceso ni a la ayuda ni a un compromiso de respuesta. Es que este subsidio por seis meses, equivalente a un salario mínimo, les fue negado a quienes cobran el Potenciar Trabajo, que perciben un monto equivalente a la mitad del salario mínimo y a las trabajadoras provinciales o municipales que están muy por debajo del nivel de pobreza.

Además de formar parte de la convocatoria difundiendo en medios, redes, mediante flyer y conferencia de prensa, ya que desde el área de Mujer, Género y Diversidad no se ha desarrollado un programa de promoción del plan, empadronamos y charlamos con las mujeres que se fueron acercando afuera del gimnasio donde se llevó a cabo la inscripción. Al reunirnos con las funcionarias a cargo y presentarles el padrón, la respuesta fue que se verían ayudas alimentarias y económicas, aunque sin poder comprometerse con mujeres que padecen violencias y que deben sostenerse con $12.000 del Potenciar Trabajo. Las “mujeres empoderadas” del gobierno solo sirven como correa de transmisión del ajuste hacia el resto de las mujeres pobres.

Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos que el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, y sus dependencias provinciales y municipales, revictimizan a las mujeres y víctimas de violencia de género, negándoles políticas en resguardo de su integridad física, psicología y económica, para elles y sus hijes, en un contexto donde se produce un femicidio cada 23 horas, incrementaron las denuncias, los botones antipánico, perimetrales, abusos sexuales, etc. Es necesaria la organización independiente de las mujeres y diversidades, poniendo en relieve nuestros derechos, frente a los ajustadores, los violentos y el amparo estatal para que esta situación no se siga reproduciendo.

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