El 31 de agosto comenzó el juicio, en Río Gallegos, al cura Nicolás Parma, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con corrupción de menores. La causa tiene dos denunciantes, Yair Gyurkovitz y Jonatan Alustiza -hoy integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico-, entre varias víctimas más.

Las denuncias hacia Nicolás Parma vienen desde el año 2011, pero quedaban estancadas en el ámbito eclesiástico. Tal es así que el cura fue trasladado a España, primero, y luego a Tucumán, tras las denuncias en la Justicia ordinaria en el año 2015. Es recién en 2018 que la jueza Ursino de Pto. Santa Cruz pide su detención y es trasladado nuevamente a una penitenciaría en Santa Cruz.

Parma era la mayor autoridad eclesiástica en la localidad santacruceña y tenía a su cargo un instituto de apostolado en el que vivían menores de edad. Por lo que, aprovechándose de su papel de “guía espiritual” subordinó la voluntad de varios jóvenes que vivían allí y abusó de ellos. A su vez, se sirvió de la impunidad que le otorga la Iglesia Católica en connivencia con el Estado.

Los denunciantes de la causa Parma son también sobrevivientes y denunciantes de los abusos cometidos por el cura Agustín Rosa Torino -director y fundador de la congregación “Discípulos de Jesús de Juan Bautista”, a la que también pertenecía Parma-, quien fue condenado a 12 años de prisión efectiva en junio del 2021 en la provincia de Salta, con la misma carátula que Parma.

Con la biblia en las manos

Parma se encuentra detenido en la localidad de Puerto Santa Cruz hace tres años y llegó al juicio sin “hábitos”, con una carátula de “abuso simple doblemente agravado en concurso real con abuso gravemente ultrajante doblemente agravado en concurso real con corrupción de menores agravada” y una biblia en sus manos.

Al finalizar el segundo día de juicio, la fiscalía pidió 20 años para Nicolás Parma, luego de que los testimonios de denunciantes, testigos y peritos dieron cuenta de los abusos cometidos por el cura. Nos es casual que, tanto en el caso de Rosa Torino como en el de Parma haya vínculos, ya que es la misma Iglesia una red que amedrenta a las víctimas y encubre a los abusadores. Su total respaldo a los denunciados la expone como una institución pedófila con la misión de disciplinamiento social (principalmente a niñes y adolescentes), rol que cumple a rajatabla en tiempos de hambre, ajuste y desocupación. Por su parte, el Estado tiene el rol de garantizar impunidad a los abusadores.

Organización contra la impunidad

La referente de “Las familias rompen el silencio”, Vanina Salazar, fue convocante al inicio del juicio contra el cura y se mostró esperanzada con el pedido de la fiscalía, y que la sentencia repercuta en las decenas de causas por abuso sexual en la infancia que hoy duermen en las oficinas de los juzgados de Santa Cruz.

Desde el Plenario de Trabajadoras planteamos que hay que profundizar la lucha por la separación de la Iglesia del Estado, con la organización independiente del poder político. Ya que es el mismo estado el que financia al clero y subejecuta el presupuesto destinado a la educación sexual integral, privilegiando así a instituciones oscurantistas y encubridoras de abusadores.

Llamamos a movilizar el próximo 8 de septiembre al mediodía a la Cámara Criminal, día que se conocerá la sentencia al cura abusador Nicolás Parma.

Separación de las iglesias del Estado, Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. Basta de abusos sexuales hacia las infancias.