En las últimas horas se ha conocido a nivel nacional el caso de María, una adolescente de 12 años de Santiago del Estero a quien le fue negada la interrupción legal de un embarazo mediante maniobras dentro del sistema de salud y que fueron acompañadas desde el Estado.

María tiene 12 años, no está escolarizada y vive en una casilla sin agua potable en las afueras de La Banda, a 70 km de la ciudad de Santiago del Estero. Ha pasado su infancia en centros de atención a niñas y niños y desde pequeña ha sufrido violencia sexual.  

El 2 de abril fue a atenderse a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria N°3 de La Banda por dolores abdominales. En esa fecha le solicitaron una ecografía, que se realizó cuatro días después en otra unidad sanitaria ya que la N° 3 no tenía equipamiento. La ecografía constató un embarazo de 20 semanas. Sin embargo, el informe de la médica, que debía elevarse de manera inmediata por tratarse de una menor de 13 años, llegó al Ministerio de Salud recién el 28 de abril –casi tres semanas después- y sostenía que se trataba de un embarazo de 26 semanas. El informe fue manipulado para que se considerara un embarazo avanzado y no se recomendara su interrupción legal. Cuando el 7 de mayo fue a atenderse para realizarse estudios, se confirmó que estaba en la semana 24 de embarazo y no en la 30. Recién el 13 de mayo (40 días después de la primera consulta) un tocoginecólogo informó la posibilidad y planteó la realización del ILE, que fue bloqueada desde el área de Maternidad e Infancia. Según informa Mariana Carabajal en el diario Página/12, el 14 de mayo se habría elevado un informe que solicitaba la intervención a autoridades competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En todo este trayecto, María fue atendida por diferentes profesionales e instituciones del sistema de salud y el Ministerio de Salud provincial tenía conocimiento de la situación. En ningún momento se actuó informándole sus derechos a pesar de que todo el caso está previsto en normativas y leyes que así lo indican: la Convención sobre Derechos del Niño, el Código Civil, el Código Penal y el protocolo de ILE.

Estamos ante una ilegal y aberrante manipulación de un informe médico en cuanto a las semanas de gestación y que planteaba recomendaciones abstrayendo las particularidades del caso, que fue parte de una operación para impedir la ILE: la médica participó de una movilización “celeste” en las puertas del hospital.

En las instituciones sanitarias no solamente no se cumplió con la obligación de informar a la niña de sus derechos y posibilidades y garantizárselos, sino que los mismos se bloquearon y negaron conscientemente. Pero tampoco lo hizo el Ministerio de Salud y los funcionarios políticos: la situación de María es producto de una decisión política. El informe, administrativamente, daba parte a la Comisaría del menor y la mujer. La información sobre María (su edad, sus condiciones de vida, su testimonio y su historia) constaba en el informe y en su historial. De hecho, el caso fue derivado por su complejidad a un hospital con mejor equipamiento y especializado tras la intervención de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Cuando aún se podía intervenir, según corresponde, se bloqueó abiertamente.

La provincia de Santiago del Estero está entre aquellas que no han adherido al protocolo de ILE. El dato demuestra que es una decisión política que responde a la injerencia del lobby clerical en el Estado y sobre las decisiones de orden político, sanitario, educativo, cultural y de toda índole.

El caso de María se inscribe en la larga lista de graves vulneraciones de derechos contra la integridad y derechos de las niñas, jóvenes y mujeres que protagonizan en todo el país autoridades sanitarias y políticas y la ofensiva clerical que somete, en todo el país, a las niñas y adolescentes. Por María y por todos los derechos de las mujeres, es necesario recuperar las calles para que nuestros reclamos no sean archivados. Por el aborto legal, la educación sexual integral laica y científica y todas nuestras reivindicaciones, el jueves movilicemos a las puertas del Ministerio de las Mujeres, Géneros  y Disidencias para que nos den respuestas y preparemos un gran #3J.