Del 14 al 20 de mayo, como todos los años, se desarrolla en todo el mundo la Semana del Parto Respetado. Este año, el lema promovido desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires es “Salud es parir libre de violencias”.

En nuestro país, el parto respetado se enmarca dentro de la ley 25.929 desde el año 2004. En ella, se señala la necesidad de destacar la atención y el derecho a la salud de las personas gestantes y les niñes por nacer, priorizando las necesidades del paciente, basándose en sus propios deseos y la permanente comunicación e información en relación a cada una de las prácticas y el accionar médico.

Fundamentalmente, la ley promueve el respeto sobre les pacientes para mantener íntegras la salud física y psíquica evitando todo tipo de violencia obstétrica. Un parto respetado representa la libertad de la persona gestante a decidir sobre su propio proceso, respetando sus tiempos, su cultura, sus creencias religiosas y costumbres. Tiene derecho a estar acompañada antes, durante y después del nacimiento y a permanecer con su bebé desde el primer momento en el que nace.

Hace más de una década, existen decenas de espacios y organizaciones comunitarias que se dedican en todo el país a denunciar situaciones violentas en cuanto a la salud perinatal en el ámbito público y privado. Desde el Estado, se promueven campañas que hablan del respeto; de las nuevas formas de parir y acceder a una salud de calidad en cuanto a los controles y el mismo parto, pero la realidad que acontece dentro de los hospitales es la misma que para cada una de las disciplinas y especialidades médicas. El vaciamiento de la salud y la falta de presupuesto se traduce en la ausencia de profesionales, el trabajo precario, la sobreexigencia del personal de salud y la falta de insumos y herramientas que hacen que el “parto respetado” para muchas mujeres trabajadoras no sea una opción posible.

Ante la falta de respuesta del Estado, en las redes sociales existen comunidades donde todos los días centenares de mujeres comparten sus experiencias y denuncian prácticas violentas de todo tipo: discriminación, abuso de la medicalización sin información o consentimiento, patologización de los procesos naturales durante los nacimientos y el post parto y un altísimo nivel de cesáreas sin justificación clínica. De acuerdo a la OMS, la tasa ideal de cesáreas debe rondar entre un 10% y un 15%, sin embargo, según la información difundida por el propio GCBA, el porcentaje es de un 35% en todo el país.

Pero a la hora de hablar de violencia, es necesario partir un poco más de atrás y describir cómo es el proceso de gestación para una persona gestante trabajadora en un país donde tres de cada diez ocupados están por debajo de la línea de pobreza. En los centros de salud barriales de la provincia de Buenos Aires, el área de obstetricia está sumamente desfinanciada. En la mayoría de ellos no hay obstetras en planta permanente y las filas para conseguir un turno que pueda garantizar los controles regulares del embarazo representan una verdadera odisea.

Desde el Estado, solo se garantizan los controles básicos, como por ejemplo dos o tres ecografías y dos análisis de laboratorio. Sin embargo, de forma privada, quienes pueden pagarlo tienen la posibilidad de acceder a prácticas, más avanzadas y de mayor tecnología, muy costosas que permiten detectar diferentes riesgos de síndromes y problemas genéticos.

Todos los acompañamientos necesarios que son aconsejados para llevar adelante un embarazo saludable, como el acceso a la actividad física, yoga, esferodinamia y terapias alternativas, son pagos, y, si bien algunos hospitales cuentan con cursos de pre-parto, los cupos son limitados. La humanización y el respeto en el período de gestación y el proceso del parto queda entonces en la voluntad de los profesionales de la salud, que tampoco tienen el tiempo y el acceso a capacitaciones. Esta realidad promueve la proliferación del negocio privado y clandestino en cuanto al parto humanizado o en domicilio, donde tampoco existe un control total del Estado y las sumas que se exigen para concretarlo son altísimas, inalcanzables para las mujeres trabajadoras que sufrimos el ajuste en curso.

Para combatir todas estas violencias, las mujeres, cuerpos gestantes y les profesionales tenemos que organizarnos frente al maltrato que parte desde el propio Estado y muestra el fracaso de todas las gestiones capitalistas de la salud durante las últimas décadas. Por la capacitación para el personal sanitario, por el aumento de presupuesto, de los salarios, la centralización del sistema de salud y el pleno acceso para todas las mujeres trabajadoras y las niñeces libre de violencias.