En los últimos tres días se conocieron seis nuevos femicidios. Mientras se terminaba esta nota, se supo de una nueva víctima, Paola Pereyra asesinada en la noche del viernes en la puerta de su casa en Florencio Varela por su expareja, González, quién le disparó un escopetazo. 

El 10 de abril, murió Soledad Lespade, de 25 años, en la localidad de Chivilcoy. Según se difundió, Soledad había sido ingresada al Hospital Municipal de Chivilcoy por síntomas que coincidían con los del virus del coronavirus. Una tomografía demostró que tenía traumatismos en la mandíbula, costillas y contusión en la cabeza. Ello, producto de los golpes de su pareja y padre de sus hijas, Flavio Pérez. Un testigo declaró en la causa que el victimario tiene antecedentes de violencia de género en otra provincia. El resultado negativo del test de Covid-19 confirma que su muerte fue un femicidio, que no se puede probar porque su cuerpo fue cremado. 

El 16 de abril se encontró el cuerpo de Priscila Martínez, de 15 años, a quien buscaban hacía semanas en Santiago del Estero. Priscila fue asesinada por su tío, Rubén Ávila, que la había enterrado debajo de su cama. Priscila había ido a su casa, cercana a donde ella vivía, a lavarle y coserle ropa, según había avisado a su madre. Testigos la habían visto entrar. Ávila ya había sido denunciado por la violación de una joven en el mismo barrio, a quien había engañado con un nombre falso vía Facebook.

El 14, encontraron sin vida el cuerpo de Jesica Minaglia, de 31 años y docente de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena en la provincia de Santa Cruz. Jesica fue asesinada a golpes en la cabeza. Por su femicidio fue detenido su exesposo, Pablo Núñez, padre de su hijo miembro de las fuerzas de seguridad y que había hecho la denuncia de su desaparición. Se acababan de separar. 

Camila Tarocco, de 26 años, fue asesinada por su expareja y padre de su hija y su hijo, Ariel González, quien la enterró a doscientos metros de su casa, en el partido de Moreno. González tenía una pena de prisión domiciliaria que incumplía, por otra causa de violencia de género.

El jueves 16 se conoció el caso de Olga Verón, de 37 años. Olga fue estrangulada en su casa mientras dormía, también en Moreno. La autopsia demostró que su marido Víctor Cáceres mintió cuando sostuvo que Olga había tenido un accidente y confirmó que fue asesinada. La policía había sostenido la versión de Cáceres, que ahora está detenido. 

Los casos de Soledad, Priscila, Jesica, Camila, Olga y Paola se cuentan en la larga lista de los más de veinticinco femicidios que sucedieron desde que fue anunciado el aislamiento obligatorio, el 20 de marzo. Los asesinatos de mujeres por razones asociadas a su condición de género son el único delito que no disminuyó en este período, lo que ha valido el señalamiento público de organizaciones del movimiento de mujeres que ponen de relieve, una vez más, el carácter prioritariamente intrafamiliar de la violencia de género. 

Pero a su vez, lo que queda demostrado la ausencia de políticas de protección a las mujeres, a sabiendas que el encierro expone a las mujeres a situaciones de violencia. El gobierno argentino y el Ministerio de Equidad y Género han sido incapaces de promover medidas que puedan brindar atención y contención a las mujeres víctimas de violencia de género para evitar los desenlaces trágicos. En por lo menos tres de los casos conocidos recientemente se ha demostrado que se trata de victimarios que tenían antecedentes de violencia contra mujeres.

Romina Del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda, adelantó ayer que en la que terminó siendo una fallida reunión de los jefes de bloque del Congreso Nacional con la Ministra de Equidad y Género pospuesta por cuestiones técnicas iba a reclamar medidas por parte del Estado para enfrentar esta situación. “Como toda política, han lanzado el ´barbijo rojo´, que fue denunciado por su inviabilidad y por colocar la responsabilidad y esfuerzo en la víctima en lugar de en el Estado. A su vez, han contrapuesto la apelación a las casas refugio con la separación de los violentos de los hogares, lo que debería ser complementario”, explicó Del Plá. 

No es solo la inacción ante la violencia de género. La denuncia de Carmen, una mujer de 58 años, varada en un hotel Misiones en el que fue secuestrada y abusada por los dueños del lugar, muestran el total desamparo en un cuadro general en el que los delitos que se cometen contra la integridad sexual de las mujeres alcanza un estado de absoluta gravedad. En paralelo, miles de mujeres han perdido sus ingresos producto de la precariedad de sus trabajos, en actividades de tareas domésticas o sin derechos laborales, que no compensaran con los $10.000 prometidos. 

Mientras tanto, sigue desaparecida en Capilla del Monte Gisela Basaldúa, quien fue vista por última vez el 5 de abril. La situación no puede minimizarse bajo el concepto de que “los índices se mantienen estables”, como explica la ministra Gómez Alcorta. Las denuncias al 144 han aumentado un 56%, lo que demuestra que el encierro agrava la situación de violencia y vulnerabilidad de las mujeres. Son necesarias medidas urgentes, ante las cuales el Ministerio de Género y Equidad se muestra completamente impotente.