Acaban de liberar a la médica de Tartagal detenida esta mañana por haber garantizado la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo. Se trata de un triunfo de la movilización de la marea verde, luego de haber realizado en el día de hoy distintas acciones de lucha, como un pañuelazo al frente del Hospital Materno Infantil en la Ciudad de Salta y una concentración en la Casa de Salta, ubicada en CABA.

 

El pedido de detención estuvo a cargo del fiscal Gonzalo Ariel Vega, bajo el argumento de que el aborto fue realizado fuera de término, sin ningún tipo de prueba. A su vez, la denuncia fue realizada por terceros y no por la propia paciente, que es la única con potestad de denunciar si hubiera un delito en este tipo de casos, según establece la legislación vigente.

“La compañera ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE” plantea el comunicado de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, dejando en claro que la médica detenida procedió de acuerdo a las normativas existentes para la aplicación de la ILE.

A su vez, los argumentos jurídicos utilizados para respaldar la denuncia carecen de sustento. Estos sostienen que “para solicitar la ILE se debe pedir al juez de garantías autorización”, cuando la ley de aborto legal exige como único requisito para realizar una interrupción del embarazo el consentimiento de la persona que lo solicita.

 

Lo ocurrido se inscribe en el intento por parte de la Justicia de bloquear el acceso al aborto legal para las mujeres y personas gestantes. En este caso, persiguiendo a la única médica de Tartagal que garantiza este derecho, ya que el resto de los profesionales de la salud de la localidad se declararon objetores de conciencia menos ella. Este episodio retrata de manera muy nítida la enorme injerencia del clero en todas las estructuras del Estado, entre ellas, el ámbito judicial y los servicios de salud.

El hecho de que Andrés Rambert Ríos, el representante legal de los denunciantes, sea también el abogado del médico Marcelo Cornejo, imputado por el abuso de una menor en ejercicio de su función como ginecólogo, no es un dato menor. Sucede que la compañera detenida fue quien lo denunció de oficio. Sin embargo, la doble vara del accionar judicial es evidente: Cornejo continua trabajando a pesar de las denuncias en su contra y la profesional de la salud que cumple con los derechos sexuales y (no) reproductivos de la población fue criminalizada. Esta realidad ilustra que es el propio Estado el  encargado de impartir las pautas de misoginia en la sociedad, como mecanismo de disciplinamiento.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos el desprocesamiento de la médica de Tartagal y la aplicación efectiva de la ILE y de la IVE en Salta y en todo el país. La única manera de defender los derechos conquistados ante el avance del oscurantismo clerical es a través de la movilización callejera ¡Separación de las Iglesia del Estado ya!