Un 12 de julio como hoy, pero de 2012, fue encontrado en Puerto Esperanza el cuerpo sin vida de Taty Piñeiro, una adolescente oriunda de esa localidad misionera.

Desde el principio, los familiares y amigos de Taty implicaron en el crimen a Fabián Gruber, sobrino del intendente renovador (partido de gobierno provincial) Alfredo Gruber. Sin embargo, por el mismo fue detenido Hernán Céspedes, a quien a horas antes de declarar encontraron colgado en su celda. La mamá de Hernán declaró que su hijo le manifestó estar siendo torturado por la policía para que confiese ser el responsable del femicidio.

Durante estos ocho años de impunidad Gruber, ha contado con toda la protección y el apoyo político del gobierno provincial. El caso de Taty es emblemático en la provincia, por las numerosas amenazas e intentos del poder político de silenciar a su madre y familiares, quienes siempre respondieron con lucha y denuncia a los responsables.

En la provincia hay variado ejemplos de casos que quedaron en total impunidad durante los casi 20 años del gobierno renovador. El femicidio de Silvia Andrea González, cometido en el 2001, por el cual el superior tribunal de justicia absuelve a Hugo Dante Willy Ríos, hijo del intendente de Campo Viera, después de 18 años. El brutal asesinato de Marilyn Bárbaro, sucedido en Oberá en el 2004, donde entre los sospechosos se encontraban hijos de funcionarios de frente renovador. El ataque a principios de este año contra una mujer trans en Puerto Piray del cual participaron los hermanos Mercado, sobrinos del juez de paz de la localidad. Para nombrar algunos.

Esta es la impunidad con la que cuentan los hijos del poder en la provincia, y que venimos denunciando desde el movimiento de mujeres y el Plenario de Trabajadoras hace años. Al igual que hemos repudiado el ensañamiento del sistema judicial con las mujeres pobres. El sesgo clasista y misógino de la justicia es generalizado, pero es evidente cuando los personeros del Estado se ocupan especialmente de perpetuar la impunidad.

En esta misma línea, podemos señalar la complicidad policial que deja zonas liberadas para todo tipo de delitos, sumando a esto la violencia que ejercen sobre las víctimas cuando estas se atreven a denunciar, y la persecución policial a compañeras trans en situación de prostitución. Todo esto con el aval del gobierno provincial.

La pandemia y el aislamiento han agravado esta situación, poniendo de manifiesto que las mujeres no tienen herramientas reales para enfrentar las diversas opresiones y violencias que sufren a diario. En nuestro país se registró un aumento en los casos de femicidios bajo la cuarentena, y específicamente en Misiones ya hubo 5 femicidios en lo que va del año.

El gobierno provincial, que es el mismo que gobierna hace 17 años y pretende presentarse como defensor de los derechos de las mujeres, no solo no demuestra tener intenciones en tomar medidas para reducir estos números, sino que por el contrario las “herramientas” que proporciona, como es el caso del número de WhatsApp de la línea 137, dejan en manos de las víctimas su propio cuidado. Junto a ello, les trabajadorxs de dicha línea, el mes pasado denunciaron ser violentades por las autoridades a cargo. Esto viene a sumarse al reclamo de les trabajadorxs de la línea 102 y las compañeras del ProGen por el pase a planta y la denuncia de precarización de parte del gobierno provincial.

Los continuos y crecientes ataques contra las mujeres son una consecuencia directa de años de impunidad, sostenidos a base de alianzas con las Iglesias, que actúan como un factor de contención, de garante del orden social y de regimentación sobre la familia obrera y en particular sobre la mujer. Y merced a un sistema de justicia penal cuyo objetivo principal es desempeñar un papel disciplinario contra las mujeres pobres.

Desde el Plenario de Trabajadoras proponemos la implementación de un Consejo Autónomo electo por las propias mujeres desde los 13 años, financiado por el Estado y autónomo políticamente. No podemos dejar a las víctimas a merced de la inacción de los organismos de Estado, que no tienen en su agenda la protección integral de las mujeres en su conjunto.